El Tribunal Supremo ha anulado el traslado de la sede de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de Madrid a Barcelona, al estimar los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y un grupo de trabajadores.
El pleno de la sala de lo contencioso-administrativo del Alto Tribunal ha estimado estos dos recursos al “considerar insuficientes algunos de los informes emitidos en el procedimiento de elaboración del Real Decreto impugnado”.
La CMT ha declinado pronunciarse sobre la anulación a la espera de “conocer” el contenido concreto de la sentencia. Se prevé que la sentencia se haga pública en los próximos días así como los votos particulares emitidos.
El cambio de la sede a Barcelona se realizó hace alrededor de un año y estuvo promovido por el entonces ministro de Industria, José Montilla.
En concreto, el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2004 el Real Decreto por el que se trasladaba a Barcelona la sede de la CMT, en cumplimiento del acuerdo alcanzado el mes de julio de ese mismo año entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall.
Tras conocer el fallo, CiU ha instado al ministro de Industria, Joan Clos , a que presente los informes reclamados por el Supremo para que se solucione el “problema”. El diputado de CiU Jordi Vilajoana declaró que la CMT no debe moverse de Barcelona, por lo que el Gobierno debe hacer lo necesario para que sea así.
Por su parte, el portavoz de Industria de ERC en el Congreso, Jordi Ramon, afirmó que la decisión es una “muy mala noticia” y aseguró que su formación hará lo necesario, si es preciso promoviendo una nueva ley, para completar la ejecución de ese traslado y para que la descentralización no se decida en los tribunales.
Esquerra Republicana ha dicho que es necesario tomar medidas legales para evitar que un tribunal pueda “tirar atrás” la descentralización de órganos reguladores.
Con todo, el traslado del organismo no ha estado exento de polémica. La medida provocó la dimisión de su presidente, Carlos Bustelo, que dijo del entonces ministro que estaba “poco preparado” y “mal asesorado”.
La Comunidad de Madrid recurrió en de marzo de 2005 el traslado porque consideraba que esta decisión del Gobierno central estaba “basada en simples motivaciones políticas de oportunidad o conveniencia”.
La Comunidad solicitó, como medida cautelar, que fue rechazada por el Supremo, la paralización del traslado hasta que el alto tribunal resolviese los recursos.
Por su parte, los trabajadores de la CMT recurrieron la decisión del Gobierno al entender que infringía la Ley General de Telecomunicaciones.
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