La idea detrás de la nueva ley es que los proveedores de los servicios de acceso a internet se vean obligados a enviar a la sede central del departamento de Comunicaciones del Gobierno Británico (GCHQ), el contenido de todos los emails y el tráfico web que produzcan sus usuarios.
Hasta la fecha el GCHQ sólo podía saber cuándo se había producido una comunicación pero para que le fuera revelado ese contenido necesitaba una orden judicial.
De aprobarse la nueva ley, el citado departamento tendrá libertad para conocer las personas que han estado en contacto con un usuario o la frecuencia de sus mensajes.
Un portavoz del gobierno de Cameron ha insistido en que es de vital importancia para la policía y los servicios secretos obtener acceso a esa información privada de los usuarios para poder investigar asesinatos graves y luchar contra el terrorismo.
Por contra, Nick Pickles, director del grupo Big Brother Watch, ha mostrado su preocupación por la propuesta, ya que considera que les acercaría a los métodos de vigilancia implantados en China e Irán.
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