El registro de la Guardia Civil en la SGAE se salda con 9 detenidos

Según ha confirmado la Guardia Civil hace escasos minutos, nueve personas han sido detenidas en el transcurso de la operación SAGA, que ha iniciado hoy el registro del Palacio de Longoria, en Madrid, sede central de Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Los detenidos están acusados de presuntos delitos societarios y de apropiación indebida.

Más de cincuenta agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han participado en esta operación que se viene desarrollando desde el año 2008 en colaboración con la Fiscalía Especial Anticorrupción.

Aunque las autoridades han evitado confirmar la detención de Teddy Bautista, varios medios dan por hecho que el presidente de la SGAE es uno de los nueve detenidos. Pocas horas después de que la entidad de gestión emitiera un comunicado en el que declaraba “confiar ciegamente en la inocencia de sus directivos”, el registro de la sede de la SGAE se salda con la detención de nueve personas relacionadas con la entidad que, al parecer, podría llevar años desviando “decenas de miles de euros” a sus propias empresas.

La Guardia Civil toma ya declaración a José Luis Rodríguez Neri, director general de la Sociedad Digital de Autores de España (SDAE) y alto directivo de la SGAE nombrado por el propio presidente de la entidad, que podría ser la piedra angular de una trama delictiva con la que Teddy Bautista puede no estar directamente relacionado pero que, en todo caso, parece improbable que desconozca.

La investigación que ha culminado con las nueve detenciones parte de la denuncia presentada el año 2007 ante la Fiscalía Anticorrupción por la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon. El entonces titular del juzgado, Baltasar Garzón, abrió diligencias en 2010 contra los sospechosos de un presunto fraude que se vendría produciendo desde principios de la década de 2000.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha decretado el secreto de las actuaciones.