En la clase política española parece existir en ocasiones un desconocimiento preocupante de todo lo relacionado con las TIC.
Que la Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, muestre lagunas tales como explicar que el origen del canon digital es porque los “fabricantes trasladan el pago de dicha tasa a los consumidores” ya es lo suficientemente grave. Pero las iniciativas oportunistas que llevará a cabo el partido de la oposición para sacar tajada del sentir general de los internautas con respecto al injusto intento de tramitación a hurtadillas de la Ley Sinde y la discusión sobre el gravamen, tampoco son mucho mejores en algunos apartados.
Los populares han anunciado que se encuentran en proceso de redacción del “Manifiesto de Valencia”, un escrito sobre los derechos de los usuarios en Internet que reclama algunos puntos interesantes como el de la libertad de expresión en Internet, el equilibrio de los derechos de autor y canon con el acceso libre a la cultura, el acceso universal a la red y tarifa plana, Internet libre y seguro, protección y seguridad en las comunicaciones electrónicas y derecho a la dignidad y la reputación en Internet.
Sin embargo, el manifiesto también plantea algunos asuntos algo absurdos y que poco tienen que ver con lo que reclaman los navegantes. Por ejemplo, el PP cree que los datos electrónicos de los españoles deberían ser considerados “soberanía nacional” y por lo tanto alojarse en servidores nacionales, algo con poco sentido dentro de la sociedad de la información y difícil de sostener en un entorno globalizado en el que cada vez más empresas recurren a data centers internacionales que les resultan más económicos para alojar sus informaciones.
Este documento, que aún deberá pasar la criba del Comité Nacional del PP, ha sido anunciado por el vicesecretario de Comunicación del partido, Esteban González Pons, tras una rueda de prensa posterior a la reunión de responsables del partido de nuevas tecnologías y comunicación en Valencia.
En el encuentro, también se comunicó la celebración de un evento que tendrá lugar el 21 y 23 de enero en Sevilla y que se denominará “WikiConvención”, según informa Europa Press. Se desconoce si el nombre del evento se refiere a su componente participativo o se trata de una denominación para sumarse al tirón de Wikileaks, al que el propio Pons se ha referido de una forma ambigua. Por una parte, el vicesecretario habló de que la acción de Julian Asange al filtrar los cables diplomáticos “representa el derecho del ciudadano a saber de la Administración”, pero también comentó que su intervención se “ceba con los países libres” y que “hay que reparar la confianza que ha destruido”.
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