Google ha celebrado hoy en Madrid la que será la primera parada de la gira europea para debatir sobre el Derecho al olvido.
Google creó un Consejo de Expertos a partir del fallo del Tribunal Europeo sobre derecho al olvido que avala el derecho de los ciudadanos a que Google borre los enlaces en los que aparezcan, siempre y cuando la información indexada sea lesiva para la persona que lo pide o carezca de relevancia.
El órgano, presidido por Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Google y formado por Jimmy Wales, fundador de Wikipedia y representantes de los sectores de medios de comunicación, justicia y alta política, ha celebrado hoy en la Casa de América capitalina una audiencia pública para extraer algunos criterios sobre cómo eliminar enlaces.
Pero lo cierto es que hay más sombras que luces en esta cuestión. En la sesión que ha tenido lugar durante toda la mañana y hasta bien entrada la tarde no se ha vertido ninguna conclusión sólida aunque sí múltiples puntos de vista, muchas veces enfrentados.
Por un lado, los que consideran que la existencia de una información lesiva en la red sobre un sujeto puede dañar su desarrollo en la sociedad. Quienes defienden esta visión consideran que una persona con antecedentes penales prescritos debe tener el derecho de construir una vida normal, sin que esa información pasada afecte a su derecho a pedir un préstamo hipotecario o a conseguir un trabajo. La excepción se aplicará en el caso de personajes públicos.
La idea es que se eliminen los enlaces a esa información, pero jamás la información en sí misma. Jimmy Wales ha planteado entonces la posibilidad de si un libro guardado en un desván de una biblioteca pública (el hermano analógico de Google) podría considerarse otra forma de censura.
Por otro, los que ven en el derecho al olvido un arma poderosa de censura y que afecta al derecho de la información. En este sentido, la periodista Montserrat Domínguez ha lanzado al aire un caso específico. “Qué ocurre en el caso que una persona con antecedentes de corrupción que haya pedido el borrado de enlaces” se presenta a unas elecciones municipales. Los votantes, ha defendido la periodista, deben conocer quién es el candidato.
Domínguez ha pedido a Google que no automatice el proceso de borrado de enlaces y que estudie caso por caso las peticiones, para que éstas no afecten al derecho a la información de los ciudadanos ni trasciendan en una pérdida de libertad de información. De lo contrario, nos enfrentaremos a un “ejército de relaciones públicas” encargados de limpiar la información que perjudique los intereses de sus clientes.
En los próximos días, el Consejo de Expertos visitará Roma, París, Varsovia y Bruselas.
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