Se conoce como Internet de las Cosas a la conexión en red de personas, procesos, datos y objetos. Esa conexión podría generar, según un estudio publicado por Cisco, 4,6 billones de dólares en el sector público durante los próximos diez años. Esa cifra se conseguiría mediante el ahorro, el incremento de la eficacia, la generación de nuevos ingresos (sin aumentar los impuestos) y la mejora de las prestaciones para los ciudadanos.
Parte de ese dinero (1,9 billones de dólares, según el estudio) revertirá directamente en ciudades de todo el mundo, como ya ocurre en Barcelona, una de las primeras urbes en desarrollar servicios virtuales para el ciudadano; por ejemplo, tecnologías de vídeo y colaboración para que puedan interactuar con el Ayuntamiento sin tener que desplazarse o soluciones para la gestión del agua, el estacionamiento, la gestión de residuos y las líneas de autobuses.
Según el estudio de Cisco, para aprovecharse del ahorro asociado al Internet de las Cosas, solo habría que poner en marcha una serie de aplicaciones. Así, los edificios inteligentes podrían ahorrar 100.000 millones de dólares, al reducir los costes operativos derivados de la disminución del consumo de energía a través de la integración de la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado.
De igual manera, el ahorro podría llegar con la monitorización del gas, al reducir el coste de la lectura de contadores y aumentar su precisión; el aparcamiento inteligente, al proporcionar información en tiempo real de las plazas disponibles en la ciudad; la gestión del agua, mediante la conexión del contador de agua de los hogares a través de una red IP para proporcionar información a distancia sobre el uso y el estado de la canalización; o los peajes de carretera, gracias al pago automático, la mejora de las condiciones de la circulación y el incremento de los ingresos.
Más allá de las ciudades, los beneficios del Internet de las Cosas se extienden a casi todos los niveles de las Administraciones Públicas, ya que según el estudio los estados tienen la posibilidad de obtener un ahorro de 682.000 millones de dólares mediante la aplicación de soluciones que gestionen procesos como el transporte interno, el tratamiento de enfermedades crónicas, la formación a distancia o la prevención de incendios forestales.
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