El Gobierno y las operadoras estudiarán sistemas para evitar el redondeo al alza

Los ministerios de Ciencia y Tecnología y Sanidad y Consumo y las

operadoras de telefonía han acordado la puesta en marcha de dos grupos

de trabajo para estudiar sistemas que eviten el redondeo al alza de las

llamadas y conseguir transparencia de precios, según informa el

departamento de Ana Pastor.

Así, la reunión celebrada entre la

administración y el sector ha dado como fruto un primer grupo de trabajo

que está encaminado a garantizar que los precios sean reflejo del

servicio realmente prestado al usuario, evitando fórmulas de redondeo

siempre al alza.

Igualmente, ambas partes han decidido

crear un segundo grupo que tiene como objetivo encontrar mecanismos que

permitan al usuario conocer de forma adecuada los diferentes precios de

las distintas compañías mediante fórmulas que reflejen de forma

homogénea los parámetros utilizados por éstas.

En

este sentido, la intención es definir un elemento referencial común, al

estilo de la Tasa Anual Equivalente (TAE) en los servicios hipotecarios,

al que se traduzcan las diversas ofertas de precios disponibles en el

mercado, lo que aumentará la información al consumidor y mejorará su

capacidad de decisión para elegir la oferta más adecuada.

Ante el elevado número de reclamaciones sobre servicios de telefonía

presentadas por los usuarios, los representantes del sector han

manifestado a la Administración su máxima disponibilidad para

encontrar fórmulas que permitan garantizar los derechos de información

de los usuarios sin menoscabar sus intereses legítimos, según Sanidad.

La Federación de Consumidores en Acción (Facua) denunció recientemente ante el

Instituto Nacional de Consumo y el Defensor del Pueblo que el cobro por

segundos de conversación no consumidos por los usuarios vulnera la Ley

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

De

acuerdo con esto, Facua ha expresado su satisfacción ante el resultado

de la reunión y ha reclamado que las asociaciones de consumidores

participen en los mencionados grupos de trabajo. Asimismo, ha demandado

una resolución del Instituto Nacional de Consumo que valore estos

métodos de facturación desde un punto de vista jurídico y determine su

ilegalidad.