El Gobierno llevará a cabo este año una consulta pública para conocer qué operadoras de telefonía están interesadas en presentarse al concurso para la adjudicación del servicio universal de telecomunicaciones, que prestará Telefónica de España hasta diciembre de 2007, según informan fuentes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
El departamento de José Montilla trabaja actualmente en el diseño de esta consulta pública, en la que se establecerá si se adjudica el servicio universal completo (todo el territorio español y todos los servicios que incluye) o se realiza una segmentación geográfica o en función de los servicios.
Las compañías que en el marco de la consulta manifiesten su interés en optar a la adjudicación del servicio universal estarán obligadas a presentarse al posterior concurso. En caso de no haber ninguna compañía interesada, el servicio universal se adjudicará a un operador con poder significativo en el mercado.
Este procedimiento para la designación del prestador del servicio universal se incluye en el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, que completa el desarrollo de la Ley General de Telecomunicaciones.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) seguirá encargándose de determinar si el prestador del servicio universal, actualmente Telefónica de España, sufre desventajas competitivas por esta causa y hay que poner en marcha el fondo de financiación. Según fuentes ministeriales, con el nuevo Reglamento es “más probable” que el regulador decida activar este mecanismo de financiación.
El Reglamento incluye el acceso funcional a Internet como integrante del servicio universal de telecomunicaciones, del que forman parte también el derecho a una conexión telefónica fija, la existencia de una guía telefónica universal, con números fijos y móviles, y de un servicio de información telefónica.
El servicio universal incluye también la obligación de facilitar el acceso al servicio telefónico fijo de las personas con alguna discapacidad (acceso a cabinas de usuarios en sillas de ruedas o con problemas de crecimiento, terminales adaptados a discapacitados, facturas y publicidad adaptadas a invidentes) y planes especiales de precios para colectivos desfavorecidos económicamente (pensionistas y jubilados).
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