El Gobierno se pronuncia ante el cierre de páginas online

El Gobierno ha decidido finalmente limitar a los “órganos jurisdiccionales competentes” la competencia para cerrar páginas Web, tal y como recoge el proyecto de Ley de Impulso a la Sociedad de la Información, que el Consejo de Ministros ha aprobado para su remisión al Parlamento.

En anteriores borradores se había hablado de la posibilidad de dar esta competencia a la Sociedad General de Autores (SGAE) lo que suscitó criticas del sector al entender que una entidad privada no debe decidir qué tipo de información debe bloquearse.

El texto del proyecto establece que la autorización de la restricción de páginas de Internet, cuando ésta afecte a los derechos y libertades de expresión e información y demás amparados en el artículo 20 de la Constitución, sólo podrá ser ejercida por los “órganos jurisdiccionales competentes”.

Así, el proyecto pretende aclarar la regulación del deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación para los supuestos en que un órgano competente ha decidido, de acuerdo con su propia normativa, que hay que interrumpir o bloquear un servicio.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo que el impulso a las nuevas tecnologías agilizará y fortalecerá la economía española. “Es una herramienta muy eficaz para avanzar en ese camino, que propiciará que los datos y el conocimiento circulen más rápido y que su acceso sea más fácil y barato para todos. También agilizará las relaciones entre las empresas y los consumidores y entre los ciudadanos y la administración. Además, protegerá los derechos de los ciudadanos excluidos hasta ahora del uso de la banda ancha, puesto que ésta se extenderá a todo el territorio nacional antes del 31 de diciembre de 2007”.

Este proyecto se enmarca dentro del Plan 2006-2010 para el desarrollo de la Sociedad de la información y de convergencia con Europa y entre las Comunidades y Ciudades Autónomas (Plan Avanza). En concreto, el proyecto efectúa modificaciones de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la Ley de Firma Electrónica.

Esta revisión del ordenamiento jurídico se completa con otras modificaciones menores de la Ley General de Telecomunicaciones y de la Ley de ordenación del comercio minorista.

Entre las principales novedades del Proyecto de Ley destacan las siguientes: eliminación de las barreras existentes a la expansión y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC); garantía de los derechos de los ciudadanos en la Sociedad de la Información; innovaciones normativas en materia de facturación electrónica y de refuerzo de derecho de los usuarios; y modificaciones normativas en materia de Sociedad de la Información, firma electrónica, telecomunicaciones y ordenación del comercio minorista.