El desarrollo inicial y el mantenimiento de la aplicación que permite conocer si hemos estado en contacto con alguien que ha dado positivo en un test de la COVID-19 eran temporales, con una duración que concluía el 15 de noviembre.
Fue un procedimiento de urgencia que permitió a la empresa Indra proporcionar esta app de rastreo mediante un contrato cifrado en 330.000 euros. Ahora se ha renovado dicho contrato, también mediante un procedimiento de emergencia, pero en esta ocasión el contrato tiene una duración de dos años y un importe de 1,7 millones de euros.
Las apps de rastreo comenzaron a distribuirse a partir de junio en países como Alemania o Suiza, y ese mismo mes el Gobierno de España recurrió a la multinacional Indra que en poca semanas fue capaz de generar no solo la app sino la infraestructura técnica y las herramientas a disposición de las comunidades autónomas para la gestión de la plataforma. Una herramienta que, además, es compatible con las herramientas análogas de uso en otros países.
Ahora el funcionamiento seguirá siendo el mismo pero vuelve a recurrirse al procedimiento de urgencia por la necesidad de mantener cuanto antes la continuidad de lo ya conseguido, de manera que tras un periodo piloto inicial y una pronta puesta en funcionamiento no haya ninguna interrupción en el funcionamiento.
La iniciativa de la renovación corresponde a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, al frente de la cual está Carme Artigas, responsable de esta renovación para dos años con un presupuesto total de 1.740.101 euros. La renovación sólo requiere del trámite de aprobación en el Consejo de Ministros y la adjudicación ya aparece publicada en la Plataforma de Contratación Pública de la Administración General del Estado.
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