Durante el Pleno de la Comisión Intersectorial presidida por el ministro de Cultura, César Antonio Molina, se resumieron las principales medidas del Gobierno contra la piratería.
El Manual de Buenas Prácticas para la persecución de los delitos que vulneren la protección de los derechos de propiedad intelectual, iniciado por ex ministra de Cultura, Carmen Calvo, y desarrollado en colaboración con el ministerio de Justicia y la Agencia Tributaria, destaca las acciones principales que pondrá en marcha el Gobierno para proteger los derechos de autor.
Uno de los objetivos es continuar con las campañas de concienciación acerca del valor de la propiedad intelectual, que verán la luz entre noviembre de 2008 y marzo de 2009 y para las que se anunció una inversión de 2,26 millones de euros.
Además, aprovechando la presidencia española de la Unión Europea en el primer semestre de 2010, el Gobierno planea crear un marco jurídico coherente y seguro para la defensa de los derechos de propiedad intelectual en toda Europa.
Molina insistió en “la defensa de los creadores y de sus derechos como elemento ineludible para la supervivencia tanto de las industrias culturales, que representan el 4% del PIB español, empleando a cerca de un millón de trabajadores, como de la cultura española en general”.
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Su cometido pasa por consolidar y ampliar el ecosistema industrial en España y Portugal.