El Gobierno exige responsabilidades a Vodafone

El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha exigido a la compañía de telefonía móvil Vodafone que presente en un plazo de entre 7 y 10 días un informe completo y detallado sobre la avería sufrida durante siete horas, según informan fuentes del Departamento que dirige Josep Piqué.

Por su parte, Ciencia y Tecnología estudiará la información recibida y, en función de la responsabilidad de Vodafone que se desprenda de la misma, podrá abrir a la compañía un expediente administrativo o uno sancionador.

Si se decanta por el expediente administrativo, la Administración instará al operador de telefonía móvil a tomar medidas para que no vuelva a ocurrir una incidencia similar, mientras que si opta por uno de tipo sancionador, Vodafone tendría además que hacer frente a una sanción económica. El importe de dicha sanción no está estipulado, según detallan las mismas fuentes.

Asimismo, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha asegurado que no intervendrá con relación a la incidencia por considerar que excede de sus competencias, tal y como explican fuentes del organismo regulador del mercado.

Las mismas fuentes ponen de manifiesto que, al tratarse de un conflicto entre la operadora y sus clientes, la solución del mismo recaería sobre las juntas arbítrales de consumidores y, en última instancia, en los tribunales.

Con todo, la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Consumo, ha abierto un expediente informativo a la compañía para conocer y esclarecer las causas que originaron la interrupción del servicio de telefonía móvil de la operadora y que afectó a 1,5 millones de usuarios en Andalucía.

De acuerdo con esto, la directora general de Consumo, Elia Maldonado, ha declarado que este expediente podría desembocar en la apertura de un procedimiento sancionador si se constata que ha habido negligencia o dejación de funciones por parte de la empresa.

Finalmente, la Generalitat de Cataluña estudia acciones legales contra Vodafone por el fallo, que ha afectado especialmente a la administración catalana, ya que el servicio de telefonía móvil de la Generalitat está adjudicado a Vodafone.