La Administración estadounidense está sumida en un profundo proceso de estudio del ciberespionaje que sufre el país.
En los últimos meses el gobierno de Barack Obama ha reflejado la preocupación por la creciente oleada de ciberataques recibidos procedentes de China y esto lo ha trasladado a la ley de financiación para la compra de tecnología que se ha suscrito esta semana.
En ella se recoge una disposición de ley que obliga a la NASA y los Departamentos de Justicia y Comercio a recibir el visto bueno de las fuerzas del orden federal en la compra de los sistemas de tecnologías de la información que vayan a efectuar.
La medida impone hacer una evaluación formal del riesgo de sufrir un ciberespionaje a la hora de considerar adquirir sistemas informáticos.
Tal y como informa Reuters, esta evaluación debe incluir concretamente “cualquier riesgo asociado si dicho sistema está producido, fabricado o ensamblado por una o más entidades que son propiedad china o están subvencionadas en China“.
Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso emitido en mayo de 2012, EE.UU. importa cerca de 129.000 millones de dólares del valor de los productos de tecnología avanzada de China.
La medida “podría llegar a ser un duro golpe” para el fabricante de ordenadores chino Lenovo y también “traer algunas sorpresas para las empresas estadounidenses que venden engranaje de TI al gobierno”, ha recogido en un post Stewart A. Baker, asistente del Departamento de Seguridad estatal.
Ya el año pasado, el Comité de Inteligencia hizo un llamamiento a las empresas estadounidenses de telecomunicaciones a no hacer negocios con las chinas Huawei y ZTE por plantear una amenaza para la seguridad de EE.UU.
El presidente Obama comentó recientemente en una entrevista a la cadena ABC que algunas amenazas a la seguridad cibernética están “absolutamente patrocinadas por los gobiernos” y que se ha dejado claro a China que debe cumplir las normas internacionales.
Por su parte el presidente de China, Xi Jinping, ha manifestado que ambos países deben evitar hacer “acusaciones infundadas” y trabajar juntas en el problema de la ciberseguridad.
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