Según computing.es, el defensor del pueblo ha contratado con la empresa Business Integration, la compra de licencias de sistemas operativos Vista y suite ofimática Office.
Además y en otro procedimiento negociado sin publicidad ha contratado los servicios de mantenimiento de su plataforma microinformática y de su software Oracle de gestión de BBDD a las empresas Dinsa y Oracle, por otros 65.000 euros.
Dice el artículo que “Con esta iniciativa, el Defensor del Pueblo persigue una actualización de las versiones del software de su parque de equipos personales que, debido a su obsolescencia, si bien no impiden el normal desempeño de la actividad, complican e imposibilitan la relación con otras instituciones y ciudadanos que trabajan con versiones más modernas de los mismos productos”.
Nos parece muy bien que nuestro defensor actualice y mejore sus equipos, pero que lo haga “mediante un procedimiento negociado sin publicidad”, indica falta de transparencia aunque se camufle de legalidad. Por otra parte, no explorar, ni licitar, otras alternativas más económicas y software libre, acaba con el principio de neutralidad tecnológica y el uso de estándares abiertos derivados de la Ley 11/2007 de acceso electrónico a las administraciones públicas.
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