El Tribunal Constitucional ha decidido suspender cautelarmente el impuesto que Cataluña imponía a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas.
El canon, que establecía el pago de 25 céntimos mensuales por cada línea de usuario contratada, ha quedado en suspenso tras admitirse a trámite un recurso interpuesto por el Gobierno central.
Según el Gobierno, la ley que regula el denominado canon ADSL, que ha servido para financiar la producción de cine catalán, invade las competencias que corresponden al Estado en materia de Hacienda.
La vicepresidenta de la Generalitat catalana se ha referido a la suspensión como una muestra de la “voluntad recentralizadora” y de “asfixia de la ciudadanía y de los sectores productivos”.
Los operadores de telecomunicaciones que ofrecen servicios en Cataluña se han mostrado contrarios al gravamen desde el momento de su aprobación en noviembre de 2014. Las compañías, a través de la patronal AMETIC, denunciaron ante la CNMC y el Ministerio de Industria la medida que tacharon de injusta y arbitraria.
El Constitucional trasladará la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, también al Gobierno y al Parlamento Catalán. Se abre ahora un plazo de 15 días para las alegaciones.
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