El Congreso rechaza imponer el uso de software libre en la administración
La definición de lo que es o no es software libre, y si esta cuestión debe resolverse en una ley, ha sido uno de los asuntos a debate.
El pleno del Congreso rechazó ayer por una aplastante mayoría -290 votos en contra, 15 a favor- las proposiciones de Ley con las que ERC e IU-ICV pretendían impulsar la implantación del software libre en la administración central. Además de los diputados de estos grupos apoyaron la propuesta los del BNG y CHA. CiU, PNV, PP y PSOE se opusieron, entre otros motivos, porque “los parlamentos deben fomentar la competencia de todo tipo de software” y evitar intervenir con requisitos “que discriminen y limiten la libertad”, según el diputado popular José Ignacio Echániz.
El redactado de los dos proyectos de Ley que ayer valoró el pleno del Congreso era idéntico. Ambos defienden el establecimiento de normas que impongan el uso de software libre en la administración central del Estado. La definición de lo que es o no es software libre, y si esta cuestión debe resolverse en una ley, fue uno de los asuntos a debate.
Normalmente se entiende que responden a ese nombre los programas y sistemas operativos que se acogen a esta filosofía, permiten el acceso al código fuente -que puede ser libremente modificado, copiado y redistribuido-, y cuyo uso suele ser gratuito. El uso de este software se suele contraponer al de programas “propietarios” o bajo licencia, normalmente patentados por una compañía privada que mantiene en secreto su código fuente, lo que impide a quien lo usa conocer cómo funcionan por dentro, si tienen algún problema de seguridad o puertas traseras, entradas a un sistema dejadas abiertas por su creador para acceder a él posteriormente sin que el usuario lo perciba.
