La disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible, más conocida como ‘Ley Sinde’, ha salido adelante en el Congreso de los Diputados con
La norma establece el cierre de las páginas que enlacen a contenidos protegidos por derechos de autor o alberguen las propias obras, mediante un proceso que ha de contar con la autorización judicial.
El primer paso ha de ser una denuncia particular, que ha de ser aprobada o rechazada por un juez en un plazo de 24 horas. Si es aprobada, el proveedor de servicios de internet está obligado a facilitar los datos de su propietario, al que la Comisión de Propiedad Intelectual pedirá el cierre en diez días. De no producirse, el cierre definitivo requiere, de nuevo, autorización judicial.
La aprobación, según la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, es una noticia “tranquilizadora para los usuarios, creadores y para todos los que defienden Internet como medio de difusión de la cultura”. No se han mostrado tan satisfechos los usuarios de Internet, y ya ha sido convocada una manifestación el próximo sábado ante el ministerio de Cultura.
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