El cierre de las webs de descargas ilegales lo decidirán los jueces

Tras el increíble movimiento social generado por el llamado `Manifiesto´ y las protestas a las medidas de cierre de páginas web derivadas del Anteproyecto de la Ley Economía Sostenible, el Gobierno ha puesto sobre la mesa el procedimiento que se implantará para el cierre de las páginas web que alberguen contenidos protegidos con derechos de autor.

Finalmente, y como ya había anunciado el Presidente del Gobierno tras las protestas, será necesaria la intervención de un juez para la clausura. El cometido de la polémica Comisión de la Propiedad Intelectual se limitará a la denuncia de la existencia de las páginas que vulneren el copyright, pero ésta no tendrá potestad para decidir si las webs se cierran o no.

El organismo también tendrá una labor mediadora. La denuncia también podrá partir de los propios autores, editores, productoras y discográficas, que la interpondrán en la Comisión. Ésta se lo notificará a los responsables de la página que tienen la posibilidad de hacer alegaciones. Si la Comisión no las considera suficientes se ofrecerá un plazo de tiempo para que los propietarios de las web supriman los contenidos ilícitos. Así, al ser suprimidos estos, no habría ningún tipo de sanción.

De no llevarse a cabo, la Comisión podrá llevar ante el juez a la página y será él quien estime si procede suspenderse su servicio por vulnerar los derechos de autor.

Según ha anunciado el Ejecutivo, se dará un plazo de entre una semana y un mes desde que una web sea `señalada´ por el nuevo ente hasta que sea sometida a la evaluación de un magistrado. En el intervalo entre ambos procesos el organismo protector de la Propiedad Intelectual podrá solicitar medidas cautelares como la interrupción de la prestación de los servicios de alojamiento o almacenamiento de datos, en caso de ser de páginas nacionales, o su bloqueo por parte de las operadoras, si son webs extranjeras.