El canon digital peca de ‘vicio’

Ésta no será recordada como la mejor semana para los defensores de dos polémicas medidas impulsadas por el Gobierno para proteger la propiedad intelectual: el canon digital y la conocida como ‘Ley Sinde’.

Ayer, la Audiencia Provincial de Madrid sobreseía a dos páginas web de enlaces, Indicedonkey y Spanishare, considerando sus jueces que la actividad de ofrecer links a descargas no implica una actividad ilícita. Por su parte, hoy ha sido la Audiencia Nacional, quien ha dado lo que algunos ya consideran un ‘golpe de gracia’ para el gravamen.

La sala de lo Contencioso Administrativo del ente jurídico ha dictado una resolución esta mañana por la que el “pago de la compensación equitativa por copia privada” quedaría anulado. La razón que ha impulsado dicha decisión sería meramente de forma. Se entiende que la medida se aprobó como normativa y debería haberse hecho como reglamento, como funciona en la práctica.

Este “estatus” sin embargo, requiere de algunos trámites relativos a memorias justificativas y económicas y un dictamen del Consejo de Estado, lo que no se llegó a hacer. Por este motivo los magistrados han considerado que la norma estaría afectada de “vicio radical”, lo que determinaría su “nulidad de pleno derecho”.

Uno de los asuntos que más cola está trayendo y que se lleva solicitando desde que el Tribunal de las Comunidades Europeas decidiera que el canon no se podía imponer a empresas jurídicas -la devolución de las cantidades recaudadas- no ha quedado zanjado con la sentencia, ya que el ente considera que no cuenta con las competencias suficientes. Así pues, las cuantías deberán ser reclamadas por parte de los usuarios en los tribunales de orden civil, según recoge El País.

La Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, se ha pronunciado sobre la decisión judicial, asegurando que la resolución del organismo que anularía la normativa que regula en canon “no altera los planes”. Sinde explica que la orden de 2008, que contiene las tarifas y las vías de compensación, no tendrá validez, pero sí la de 2006. Por tanto, la responsable de Cultura asegura que esta decisión sólo implica que hay que resolver algunos “defectos de forma”, en los cuales ya estarían trabajando.

Desde las asociaciones de gestión de derechos, instan al Gobierno a que actualice estas tarifas. Es el caso de EGEDA, quienes han emitido un comunicado en el que reiteran que “con esta decisión la Audiencia Nacional no cuestiona la legalidad de la copia privada, sino el procedimiento técnico seguido en su tramitación por la Administración”.

Para que el canon se deje de cobrar, sin embargo, hará falta que se solicite la ejecución provisional de la sentencia por parte de las compañías y asociaciones que en su día solicitaron el recurso para la anulación de la orden conjunta de los ministerios de Cultura e Industria que implantó la tasa.