La organización de Internautas señala que la medida del gobierno “es contraria a varios artículos de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) y de la Constitución Española”.
En concreto señala que la tarifa que se abona entre otros por equipos, aparatos o soportes de reproducción digital supone “una vulneración de los artículos 25 y 31 de la LPI, referidos a la compensación equitativa por copia privada y reproducciones provisionales”.
En el recurso se indica que “la cuantía del procedimiento es indeterminada, ya que su objeto se refiere a una situación de hecho en la que los datos de base para un cálculo mínimamente razonable son del todo inaccesibles para esta parte”.
Además la normativa que regula el canon digital “es contraria a cinco artículos de la Constitución: legalidad, libertad de empresa, defensa de la productividad, protección cultural y la regulación de las organizaciones profesionales”, citan desde la A.I.
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