El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, plataforma sin ánimo de lucro que investiga las políticas de RSC que siguen las empresas, ha presentado hoy en Madrid su informe anual sobre la RSC en las empresas del Ibex35.
Los datos recogidos, correspondientes a 2012, se exponen a modo de radiografía de las políticas internas de las empresas del índice español. Las conclusiones por tanto, matizan desde la Organización, son el fruto de la investigación de los datos que facilitan las empresas en su calidad de empresas que cotizan.
Y a pesar de ser datos públicos, en la décima edición del estudio hay datos sorprendentes. Investiga 6 áreas: Medio ambiente, derechos humanos y laborales, comunidad (generación de riqueza a través de la política fiscal y gobierno corporativo), corrupción, consumo (derechos de los consumidores) y Gobierno corporativo.
Desde el observatorio reconocen que las empresas informan sobre los compromisos que toman en cada una de ellas sin especificar después las acciones concretas y sus consecuencias.
El 94% de las empresas del Ibex35 dispone de una política medioambiental y el 89% ha asumido compromisos en esta materia y asegura el cumplimiento de la normativa internacional y nacional.
El 83% de las empresas analizadas presenta un compromiso de respetar los derechos humanos en las actividades de los países donde realizan actividades. Sin embargo, sólo la mitad de ellas cuenta con una política que garantice el cumplimiento el compromiso en materia de DDHH.
La opacidad aumenta cuando se trata de informar sobre las medidas que se toman para hacer frente a las consecuencias negativas de sus actividades empresariales sobre DDHH. Sólo 4 de las 35 lo hacen.
En cuanto a derechos laborales, ninguna de las empresas informa sobre los gastos salariales por países. El 46% aporta información comparativa entre salario hombre/mujer por escalas profesionales.
El 94% de las empresas del Ibex35 tienen presencia en paraísos fiscales. Sólo 4 empresas informa sobre el tipo de actividad que realiza en estos países o territorios; desde los ingresos, gastos de personal o el volumen de negocio generado hasta el pago de impuestos desglosado por conceptos.
Desde 2010 hay un 25% más de sociedades participadas y dependientes de empresas del Ibex35 domiciliadas en paraísos fiscales, nos cuenta Orencio Vázquez Oteo, portavoz del Observatorio. En 2011 fueron 437 el número de sociedades en paraísos fiscales. En 2012, la cifra más reciente, fueron 467.
La región más utilizada como paraíso fiscal sigue siendo Delaware (EEUU), donde se registraron 131 sociedades en 2012, 16 más que en 2011. Le sigue Holanda, con 105 países registrados, 20 más que en 2011.
El informe destaca que la mayor parte de las empresas no presenta información sobre subvenciones y ayudas recibidas. Telefónica recibió en 2012 un total de 51 millones de euros en concepto de subvenciones, 11 millones menos que en 2011. No se especifican los países de origen ni el objeto de las mismas.
En cuanto a las políticas fiscales y las aportaciones a la Hacienda Pública (en especial en el Impuesto sobre Sociedades), el informe anual de recaudación de 2011 destaca que los grupos consolidados se beneficiaron durante 5 años de la reforma del impuesto, que bajó tipos y su beneficioso sistema de deducciones.
Así, pasaron de pagar 12.673 millones de euros en 2006 a apenas 3.012 millones en 2011. Esta cantidad supone el 3,5% de los 85.984 millones de euros de los beneficios declarados por las empresas.
El 80% de las investigadas aporta información sobre sus códigos de conducta sobre anticorrupción y soborno. Sólo el 11% describe los procedimientos y mecanismos de cumplimiento que dedica a instrumentos de presión política. En este sentido, Vázquez Oteo recuerda que en Europa el registro como lobby es voluntario, mientras que en EEUU está regulado y es obligatorio.
En el apartado que recoge información sobre los derechos de los consumidores destaca que sólo el 6% (o 2 de las 35 empresas) aporta información sobre las herramientas de solución de reclamaciones y compensaciones a los consumidores. Sólo el 17% especifica los datos sobre reclamaciones y causas de las mismas. “Nunca se infroma sobre prácticas comerciales abusivas”, indica el portavoz.
El 100% de las empresas informa sobre la política de retribuciones de los consejeros y lo somete a votación. Sólo el 9% informa sobre si hay o no medidas de blindaje en los puestos de Administración o Consejo.
En cuanto a la presencia de la mujer en la alta dirección de las empresas del Ibex35, el 37% de las empresas pretende tener un número adecuado de mujeres en el Consejo. Con “adecuado”, explica Vázquez Oteo, quieren decirse diferentes cosas.
Muchas empresas del índice bursátil español considera adecuada la media de presencia de mujeres en los altos puestos directivos, que en muchos casos es un 10% (sólo una consejera en un equipo de 10).
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