El pasado mes de enero, el Departamento de Justicia de EE.UU envió un requerimiento judicial a Twitter para que facilitara los contactos, números de teléfono, cuentas y direcciones físicas e IP de al menos cuatro personas: Assange, el fundador de Wikileaks, Bradley Manning, el principal sospechoso de la filtración, Rop Gongrijp, seguidor de WikiLeaks y la diputada islandesa Birgitta Jonsdottir.
Desde Wikileaks reaccionaron con indignación ante lo consideran un “hostigamiento de individuos por parte del Gobierno de EE.UU”.
Además, varios de los implicados en este asunto acudieron a la justicia para tratar de evitar que se facilitaran sus datos personales.
Pero la jueza Teresa Buchanan considera que esta información es clave para el desarrollo de la investigación y ha denegado la petición al considerar que “la orden a Twitter no busca controlar o dirigir su libertad de expresión o reunión”.
Además añade que se trata de “un procedimiento de rutina” ya que los implicados “transmitieron voluntariamente sus direcciones IP al sitio web de Twitter, lo que expone la información a un administrador externo, y por lo tanto renuncian a cualquier expectativa razonable de privacidad”.
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