El gobierno ecuatoriano ha contactado a los operadores móviles extranjeros para negociar nuevos contratos, según informó Reuters. Estos acuerdos incluirían mayores sanciones para los errores operativos e implicarían que las compañías deban financiar un fondo destinado a proveer servicios de telefonía móvil a los pobres.
El Secretario Nacional de Telecomunicaciones de Ecuador, Jaime Guerrero, explicó que el gobierno “está poniendo énfasis en las sanciones” y luego agregó que “las compañías deben cumplir con sus impuestos”. Sin embargo, no precisó mayores detalles sobre el alcance económico de los nuevos contratos.
Guerrero comentó que los operadores podrían donar un 1% de sus ingresos para crear un fondo que permita brindar servicios móviles a la gente carenciada. El objetivo del presidente Rafael Correa es renegociar los contratos con los operadores para aumentar la participación estatal, mejorar los servicios y bajar las tarifas. El mandatario advirtió que si las compañías no cumplen con las nuevas regulaciones, pueden dejar el país.
Porta, una filial de América Móvil, y Movistar, propiedad de Telefónica, manejan el 96% del mercado móvil ecuatoriano. Ambas compañías negocian con el gobierno una extensión de sus concesiones por 15 años.
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