Iniciativas como la plataforma redtrabaj@ del Ministerio de Trabajo e Inmigración que facilitan convenios a todas las CC AA para que puedan ofrecer servicios 100% online, la liberación de datos públicos utilizando Web semántica (Asturias, País Vasco…), o iniciativas de novedosas asociaciones tecnológicas de los sectores públicos y privados, proporcionan una clara visión de los importantes esfuerzos que están realizando las Comunidades Autónomas para contribuir mediante las tecnologías de la información y la comunicación a la modernización no sólo de los servicios públicos, sino de la economía y de la sociedad española.
En este sentido, merece especial mención la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y el RD 1671/2009 que la desarrolla parcialmente, al haberse constituido como un pilar que está impulsando en todas las Comunidades Autónomas el derecho de los ciudadanos a poder relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.
En otro novedoso estudio realizado este año se recogen algunas conclusiones al respecto de esta ley. Entre ellas que existen seis ámbitos de actuación con un buen grado de desarrollo (seguridad jurídica, firma electrónica, canales de acceso, estándares abiertos, igualdad y accesibilidad y notificación electrónica), que presentan más del 75 % de valoración cuantitativa. En cuanto al grado de aplicación de esta Ley, las CCAA presentan un buen nivel de avance, siendo la Comunidad de Madrid la que lidera el ranking con un 84 por ciento de grado de aplicación, seguida por Andalucía (83%) y Navarra (82%).
El continuo crecimiento de la disponibilidad de los servicios online es un indicador positivo de los esfuerzos de las Comunidades Autónomas por satisfacer las necesidades y expectativas de sus ciudadanos y empresas. En este sentido, destacan las inversiones de las Comunidades que lideran el ranking 2010 como han sido “eAsturias”, los Planes de Modernización de Madrid, “CLARA” en Andalucía y “Carpeta Ciudadana” en Navarra, claros ejemplos de las aspiraciones de la Administración Pública por la modernización de sus servicios.
No obstante, a pesar de los avances y las inversiones realizadas, existe aún la necesidad de que todas las Comunidades y Ciudades Autónomas evolucionen los servicios destinados a colectivos específicos, especialmente al colectivo de discapacitados cuyos servicios presentan, aún, un desarrollo por debajo de la media total de los servicios.
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