La e-Administración española no llega al aprobado

La Administración española electrónica necesita aún avanzar mucho para llegar a un nivel aceptable. Es la principal conclusión de un informe elaborado por la Asociación Pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales (ADECES) junto a la Asociación de Internautas.

Según el escrito, la ventanilla única aún se encuentra muy lejos, con implantaciones desiguales entre las diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos. Pese a que a nivel nacional dichos servicios se han incrementado un 91% en los dos últimos años, la penetración en cada autonomía se ha dado de forma diferente.

“Es necesaria y urgente la creación de pasarelas que enlacen las administraciones autonómicas y las administraciones locales”, señala Carmen Rodríguez, secretaria general de ADECES. Según comenta la representante, las mayores carencias se darían en los “servicios telemáticos de los ayuntamientos”.

Las comunidades autónomas que mayores servicios interactivos ofrecen al ciudadano son Madrid, Castilla La-Mancha y Andalucía. Por el contrario Extremadura, Canarias y Melilla son donde tienen menor presencia. La media nacional es de 181 trámites ofrecidos, con una enorme desigualdad entre la comunidad autónoma madrileña (419( y la ciudad autónoma (43).

Esta oferta no parece ir en proporción al desarrollo económico de cada región, según confirma el estudio, ya que algunas autonomías de gran riqueza como el País Vasco o Murcia, disponen de servicios electrónicos más bien reducidos (158 y 101 respectivamente).

El nivel de riqueza o el partido político que gobierne en cada zona no son definitorios de este estatus de la administración tecnológica, sino que se depende sobre todo del interés de los políticos en la comunidad, pero también del acceso a la banda ancha o a conexiones de Internet de los ciudadanos de esa zona.

“Se dan servicios, pero hay que saber que no se están dando a todos los ciudadanos”, señala Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas  “A lo mejor un ciudadano madrileño tiene más servicios que un catalán, esa es una brecha entre ciudadanos”. Por ello, dice, es necesario presionar a la administración para que obliguen a las operadoras de Internet a llevar sus servicios a los lugares con menos capacidad o sin capacidad para acceder a la red.