La
regulación europea como consecuencia del acuerdo surgido en el contexto del Paquete Telecom puede cambiarlo todo y eso, pese a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (c
aso Laender, sentencia de 26 de marzo de 1987) había advertido que un sistema secreto destinado a proteger la democracia crea un riesgo capaz de destruirla. El Paquete Telecom prevé la posibilidad de las interceptaciones mediante la garantía de “un procedimiento previo, justo e imparcial” garantizando “el derecho a ser oído (…) y el derecho a una revisión judicial efectiva y oportuna”, con lo que se nos advierte que el Juez sólo va a intervenir en la fase final de todo un sistema generalizado de instervención de las comunicaciones digitales y no al principio de una intervención.
Las intervenciones por organismos distintos que los jueces van a ser un recurso proporcional y ordinario de las Administraciones Públicas para… “proteger los derechos de autor”.
Ésta es una catástrofe jurídica de primer orden, no sólo por excluir al juez del origen y seguimiento de una intervención de nuestra privacidad, intimidad y comunicación, por muy mezclados que expresemos estos términos sino porque deja asentado que la Red genera naturalmente la defraudación y la alarma social. Falso.. Eso sí, si se decide desconectar a un ciudadano de su servicio de internet entonces la nueva regulación garantizaría que se podrá acceder a una revisión judicial. Por favor esto es el
abc de lo jurídico en Europa. A los analistas de Hispalinux no nos salen las cuentas, a los Eurodiputados de Bruselas les habíamos entregado más derechos de los que ahora nos devuelven.
Esta regulación tiene una relevancia fundamental y afecta a los límites de nuestra democracia, no es una cuestión de propiedad intelectual sino del control efectivo y sin garantía judicial de origen de las comunicaciones en una sociedad de la información. Desde Hispalinux vemos claro que el modelo que se propugna es el depurado por el Consejo Constitucional de la República de Francia en su sentencia 2009-580 (la jurista y traductora jurada Isabel Sanuy nos ha proporcionado la
mejor traducción al castellano de la misma) y que si bien calificaba la versión original de la denominada
ley Hadopi como (cito textualmente) la
instauración de un ” control generalizado de las comunicaciones electrónicas “ Así, añade:” Considerando que la lucha contra las prácticas de falsificación en Internet responde al objetivo de protección de la propiedad intelectual y la creación cultural; que, sin embargo, la autorización dada a personas privadas de recoger datos que permitan indirectamente identificar a los titulares de un acceso a servicios de comunicación al público en línea conduce a la ejecución por estas personas privadas de un tratamiento de datos de carácter personal relativos a infracciones; que tal utorización no puede, sin vulnerar de forma desproporcionada el derecho al respeto de la vida privada, tener una finalidad distinta a la de permitir a los titulares de un derecho de autor y derechos afines ejercer los recursos jurisdiccionales de los que dispone cualquier persona física o jurídica por las infracciones de las que ha sido víctima”.
Los gobiernos se ven irrefrenablemente impelidos a ocupar ese nuevo espacio de poder tecnológico que es el control de la información y las operadoras de telecomunicación ven que la inspección de los paquetes de información les permitirá, además de compartir parte de ese poder, aumentar su tarifación cobrando, por fin, por tipo de tráfico. Eso les permitirá esquivar la neutralidad de la red, evitar las importantes inversiones que implica y repartir sus recursos dependiendo del servicio que preste, orientando su inversión a la gestión de tráfico y menos a aumentar la capacidad de transporte que es donde radica un componente importante de nuestra brecha digital.
España es un país de libertades recientes, tal vez por eso la idea de que fuera de una autorización judicial se pueden interceptar las comunicaciones digitales es una hipótesis repugnante impropia de una democracia. Internet irá cobrando cada vez más relevancia en el ejercicio de nuestros derechos y en la forma en que participamos en el ámbito público y privado de nuestra sociedad y las consecuencias de esta disminución de garantías ciudadanas, prevista en el Paquete Telecom, cada vez tendrá mayores efectos.