La democracia transgénica

Sorprende que todavía se niegue que la regulación de las nuevas tecnologías esté produciendo un cambio de naturaleza del Estado.
Este cambio no está siendo como debería. Se están cometiendo errores de bulto, perdiendo oportunidades tecnológicas y jurídicas que más adelante echaremos de menos y serán difíciles de recuperar. Finalmente, hay intereses económicos e ideológicos que tienen muy claro que el avance hacia una sociedad del control es completamente “deseable”. 
De hecho no son necesarios cambios legislativos de gran dimensión, ni demasiado evidentes, sino pequeñas ventanas regulatorias que permiten que un mal empleo de la tecnología haga el resto. La Alemania del Este necesitaba 10.000 agentes secretos y toda una estructura legislativa despótica para lograr resultados similares a los que ahora por medio de lo que el STOA denomina sistemas de “vigilancia algorítmica” se conseguirían, y cuya posibilidad jurídica nos consta dependería de una sola norma de rango intermedio.
¿Porqué mayor regulación de la red? En lo que atañe a esta cuestión todo nace desde una mercadotecnia bastante burda. Primero sembrar la falsa convicción de que internet es un lugar sin reglas, donde la ley no llega y donde no se aplica principio jurídico ninguno. Una vez asentada esta caricatura, con piratas adolescentes moviéndose a sus anchas y la supuesta defraudación de productos de entretenimiento en dimensiones -según las fuentes de la industria y los gobiernos- económicamente inverosímiles y que traducidas en términos del tiempo requerirían para su disfrute numerosas humanidades, una vez llegado a este punto de “necesidad social imperiosa (alcanzando el umbral trazado por del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) ya pueden empezar a hablar de la gobernanza de internet gente que no son ingenieros y que no se dedican, precisamente, a las cuestiones técnicas fundamentales de la red.
“Internet tiene que ser gobernado, necesita una específica regulación, la situación es insostenible para los derechos de autor”. Este falso mensaje, que parece concluir en la existencia de un nuevo enemigo interior: el pirata informático, mediante un adecuado estrés mediático, conduce a una regulación cuyos efectos son auténticamente de excepción y que afecta no sólo, y exclusivamente, a la red sino que sustituye prácticamente al completo al marco anterior de garantías. ¿Para cazar adolescentes? No, el objetivo es otro.
El Paquete Telecom ha sido un ejemplo de ello. Nuestra manera de entender las comunicaciones (artículo 18.3 de la Constitución, art. 12 de la Ley3472002 y un largo etcétera) hacía que una intervención sobre las mismas que no hubiera sido autorizada judicialmente fuera contraria a Derecho.

La regulación europea como consecuencia del acuerdo surgido en el contexto del Paquete Telecom puede cambiarlo todo y eso, pese a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso Laender, sentencia de 26 de marzo de 1987) había advertido que un sistema secreto destinado a proteger la democracia  crea un riesgo capaz de destruirla. El Paquete Telecom prevé la posibilidad de las interceptaciones mediante la garantía de “un procedimiento previo, justo e imparcial” garantizando “el derecho a ser oído (…) y el derecho a una revisión judicial efectiva y oportuna”, con lo que se nos advierte que el Juez sólo va a intervenir en la fase final de todo un sistema generalizado de instervención  de las comunicaciones digitales y no al principio de una intervención.
Las intervenciones por organismos distintos que los jueces van a ser un recurso proporcional y ordinario de las Administraciones Públicas para… “proteger los derechos de autor”. Ésta es una catástrofe jurídica de primer orden, no sólo por excluir al juez del origen y seguimiento de una intervención de nuestra privacidad, intimidad y comunicación, por muy mezclados que expresemos estos términos sino porque deja asentado que la Red genera naturalmente la defraudación y la alarma social. Falso.. Eso sí, si se decide desconectar a un ciudadano de su servicio de internet entonces la nueva regulación garantizaría que se podrá acceder a una revisión judicial. Por favor esto es el abc de lo jurídico en Europa. A los analistas de Hispalinux no nos salen las cuentas, a los Eurodiputados de Bruselas les habíamos entregado más derechos de los que ahora nos devuelven. 
Esta regulación tiene una relevancia fundamental y afecta a los límites de nuestra democracia, no es una cuestión de propiedad intelectual sino del control efectivo y sin garantía judicial de origen de las comunicaciones en una sociedad de la información. Desde Hispalinux vemos claro que el modelo que se propugna es el depurado por el Consejo Constitucional de la República de Francia en su sentencia 2009-580 (la jurista y traductora jurada Isabel Sanuy nos ha proporcionado la mejor traducción al castellano de la misma)  y que si bien calificaba la versión original de la denominada ley Hadopi como (cito textualmente) la instauración de un ” control generalizado de las comunicaciones electrónicas “
Así,  añade:” Considerando que la lucha contra las prácticas de falsificación en Internet responde al objetivo de protección de la propiedad intelectual y la creación cultural; que, sin embargo, la autorización dada a  personas privadas de recoger datos que permitan indirectamente identificar a los titulares de un acceso a servicios de comunicación al público en línea conduce a la ejecución por estas personas privadas de un tratamiento de datos de carácter personal relativos a infracciones; que tal utorización no puede, sin vulnerar de forma desproporcionada el derecho al respeto de la vida privada, tener una finalidad distinta a la de permitir a los titulares de un derecho de autor y derechos afines ejercer los recursos jurisdiccionales de los que dispone cualquier persona física o jurídica por las infracciones de las que ha sido víctima”.
Los gobiernos se ven irrefrenablemente impelidos a ocupar ese nuevo espacio de poder tecnológico que es el control de la información y las operadoras de telecomunicación ven que la inspección de los paquetes de información les permitirá, además de compartir parte de ese poder, aumentar su tarifación cobrando, por fin, por tipo de tráfico. Eso les permitirá esquivar la neutralidad de la red, evitar las importantes inversiones que implica y repartir sus recursos dependiendo del servicio que preste, orientando su inversión a la gestión de tráfico y menos a aumentar la capacidad de transporte que es donde radica un componente importante de nuestra brecha digital.

España es un país de libertades recientes, tal vez por eso la idea de que fuera de una autorización judicial se pueden interceptar las comunicaciones digitales es una hipótesis repugnante impropia de una democracia. Internet irá cobrando cada vez más relevancia en el ejercicio de nuestros derechos y en la forma en que participamos en el ámbito público y privado de nuestra sociedad y las consecuencias de esta disminución de garantías ciudadanas, prevista en el Paquete Telecom, cada vez tendrá mayores efectos.