De la SOPA al ACTA: Internet en pie de guerra
Hace poco más de una semana tan solo se hablaba de la SOPA y la PIPA, las temidas leyes antipiratería que estaban a punto de ser discutidas en el Congreso de Estados Unidos y que lograron que todo Internet se uniese para protestar con la subsiguiente cancelación de la votación. El ACTA, mientras tanto, va dando pequeños pasos hacia su aprobación, esta semana con la firma de 22 países de la Unión Europea. Las protestas, no obstante, están siendo menos mediáticas y masivas.
¿Por qué tendría que protestar Internet contra un tratado comercial contra las falsificaciones? Según sus detractores, porque abarca mucho más de lo que anuncia en su título y sus consecuencias irían incluso más allá que las de la SOPA y la PIPA. Las razones para la desconfianza empiezan precisamente en el hecho de ser un tratado con un titular parcial: el ACTA habla de falsificaciones, sí, pero también de piratería. Y no de piratería de productos (falsificaciones, al fin y al cabo), sino de piratería de contenidos en Internet.
¿Qué es lo que propone exactamente el ACTA en lo que a Internet se refiere? A pesar de haber eliminado la parte más polémica, en la que se proponía que las operadoras cortaran la conexión a la red de los usuarios que continuasen descargándose contenidos ilegales tras dos advertencias, todavía quedan otros puntos: uno de los más criticados es el artículo 23, que establece la aplicación de penas criminales a la piratería de propiedad intelectual y otros “derechos relacionados” que sea realizada “a escala comercial” (no con intención comercial) y a quien ayude a estas infracciones, lo que mete de lleno a los proveedores de Internet como posibles afectados.
Negociaciones secretas
El ACTA también se ha ganado muchos detractores gracias al hecho de haber realizado la mayor parte de sus negociaciones de forma secreta, en muchos casos pidiendo incluso a los participantes en las reuniones la firma de compromisos de confidencialidad. Esta forma de negociar un acuerdo que tendría consecuencias en las leyes criminales de cada país ha sido tachada de anti-democrática, y provocó que en marzo de 2010 el Parlamento Europeo votara en su contra expresando su “preocupación por la falta de un proceso transparente durante las negociaciones del ACTA”.
Una de sus mayores diferencias con respecto a la SOPA, además, es su carácter internacional: la fallida (de momento) ley estadounidense afectaba a sitios webs de otros países, pero no a sus legislaciones. El ACTA, en cambio, según afirman sus críticos, dejaría a los países sin la libertad de adaptar o crear sus propias leyes en defensa de la propiedad intelectual. Además, dada la ambigüedad de expresiones como la “escala comercial” y el poder otorgado a las autoridades sobre los proveedores de Internet, se teme que la censura y la falta de libertad se convirtiesen en rápidas consecuencias del tratado.
La SOPA y la PIPA se están revisando para lograr un mayor apoyo. El ACTA ha sido ya firmado por Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y 22 países de la Unión Europea. Anonymous ya ha actuado. Kader Arif, el ejecutivo eurodiputado encargado de investigar el tema ha dimitido y calificado el ACTA y sus negociaciones de “charada”. El texto llegará al Parlamento Europeo en junio, pero posiblemente se hable mucho de él hasta entonces.
