Ha sido una semana llena de noticias tecnológicas que llegaron a las primeras páginas de los medios generalistas. Todavía impactados por las detenciones de los administradores de SeriesPepito y PeliculasPepito la semana pasada, primeras víctimas de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, el martes llegaba la orden del cese cautelar de las actividades de Uber en España y, el jueves, la noticia más impactante: Google anunciaba que cerraría Google News en España.
Todas estas noticias, además del hecho de estar relacionadas con la tecnología, tienen otra cosa en común: son el resultado del choque entre cómo funciona Internet y las nuevas economías colaborativas y una legislación empeñada en quedarse atrás. El caso más flagrante es el de Google News. Según la nueva LPI, sitios agregadores de noticias tendrán que pagar a la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) un canon compensatorio.
Nada tiene aquí mucho sentido: ni una ley impulsada por la propia AEDE, asociación que se ve beneficiada de esos sitios agregadores de noticias como Google News o Menéame (que incluyen solo un extracto y un enlace a la página original), ni la petición posterior de la Asociación al Gobierno para que haga que Google News vuelva. Porque, efectivamente, en Google News solo se está si se quiere (hay que hacer una solicitud) y todos los que se quejaban de que la compañía reproducía parte de sus contenidos parecían olvidar todo el tráfico que recibían gracias a ellos. Parece que el efecto buscado era seguir en Google News, sí, pero recibir además un extra de dinero que nunca viene mal.
Que Google haya decidido cerrar en España su sección de noticias no es ninguna sorpresa, por otra parte: el gigante del buscador no tiene beneficios por esta parte de su negocio, por lo que no le duele demasiado irse si hay problemas.
La economía colaborativa vs la tradicional
En los otros dos casos, los de SeriesPepito y Uber, es más fácil ver el otro lado de la discusión. Aunque todos estemos acostumbrados a descargarnos o ver series online de forma gratuita, somos conscientes de que se trata de contenidos protegidos por las leyes de propiedad intelectual y de que en principio no es algo legal (aunque los administradores de SeriesPepito fueron detenidos por agregar los enlaces, no por ser ellos los que subían los contenidos, efecto directo de la nueva LPI).
Lo mismo pasa con Uber y el daño que asegura el gremio de los taxistas que les está haciendo: si esos nuevos conductores no pagan impuestos ni seguros, es una clara competencia desleal. Y lo mismo con Airbnb y otros de estos nuevos servicios alternativos que están naciendo como setas. Aunque aquí de momento no haya prohibición y solo un “cese cautelar” de Uber para estudiar la situación, el problema de raíz es el mismo: una realidad que va en una dirección y una legislación que va en otra.
El caso de las empresas de economía colaborativa es el mejor ejemplo de todo esto. Ante unos servicios tradicionales (taxis, hoteles, televisión) que por lo que sea ya no son tan atractivos (por su precio, lo que ofrecen, etc.), los ciudadanos se organizan para ofrecerse unos a otros ese servicio que en realidad sí buscan. Después, claro, aparecen las empresas que gestionan ese movimiento salido desde los ciudadanos y que, de paso, se llevan una parte del pastel.
Toda esta realidad va más rápido que las leyes (que van siempre despacio), y las nuevas empresas se encuentran en vacíos legales o directamente infringiendo alguna normativa que, de todas formas, todo el mundo considera obsoleta. Y en vez de adaptarse a los nuevos tiempos, las nuevas leyes toman el camino conservador: el de proteger al sector tradicional, en vez de buscar soluciones en las que todos puedan convivir.
La respuesta la dará el tiempo. ¿Seguiremos dentro de un año sin Google News, se prohibirá Airbnb, no volveremos a poder ver series extranjeras al día siguiente de que salgan en su país de origen? Posiblemente no sea así. Si la ley no se adapta, la tecnología, la innovación y los ciudadanos seguirán encontrando esas grietas por las que colarse.
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