Cultura dará un nuevo paso para fortalecer la Propiedad Intelectual

Tras doce meses de funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, órgano encargado de interrumpir el servicio de páginas de Internet que atenten contra los derechos de propiedad intelectual, la Secretaría de Estado de Cultura anuncia que prepara una nueva reforma para fortalecer la Ley de Propiedad Intelectual (LPI).

Así lo ha dado a conocer María Teresa Lizaranzu, presidenta de esta Comisión y directora general de Industrias Culturales, en una rueda de prensa celebrada ayer, donde explicó la necesidad de una modificación de mayor calado para garantizar la propiedad intelectual en el siglo XXI.

Desde el 1 de marzo de 2012, fecha en la que se puso en marcha la Comisión de Propiedad Intelectual, se han presentado y tramitado ante el órgano administrativo 363 solicitudes de autores que denunciaron la utilización de sus obras en Internet.

En este tiempo se ha logrado que 34 páginas web que vulneraban los derechos de autor retiraran de forma voluntaria sus contenidos ilegales.

Los cambios que se plantean ahora sobre el actual texto refundido de la LPI, y que serán el refuerzo de la labor de la Comisión, giran en torno a que las notificaciones podrán hacerse de forma telemática, se incluirá un catálogo más amplio de las obras, un mayor control y transparencia de las sociedades de gestión y la adaptación de la copia privada a la realidad digital.

Este anuncio llega unas semanas después de haberse dado a conocer los nombres de los miembros que forman la “Comisión Sinde”, el órgano encargado de decidir la ilegalidad de supuestos contenidos “piratas”, y de denuncias como la del presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España, Enrique González Macho, en la pasada gala de los Goya, donde arrojó el dato de que “tan sólo en la industria cinematográfica la piratería ha supuesto la enorme cifra de 3.000 millones de euros”.

Tal y como recoge la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA), España no ha mostrado una evolución positiva en 2012 y se plantea de nuevo su incorporación a la “Lista 301” de países que no respetan la propiedad intelectual e industrial.