Crowdfunding busca ley: los retos legales de una actividad alegal

¿Hay futuro? ¿Hay alternativa?

La situación actual del crowdfunding en España es, por lo tanto, legal, pero poco clara al no contar con una legislación específica. Las iniciativas que están teniendo lugar para intentar regularlo parece que son de momento lentas y poco completas. ¿Cuál sería el modelo ideal de regulación? ¿Hay ejemplos en otros países?

“El modelo pasa por que las personas que apoyan proyectos de crowdfunding tengan algún tipo de beneficio fiscal, como ocurre en Estados Unidos”, explica Marta Pizarro, de Lánzanos. “Debe incluir la regulación de las tasas y porcentajes que cobran las plataformas, además de recoger los requisitos mínimos o capacidades o competencias que deben reunir las personas que se dedican a este mundo, o que evitaría la competencia desleal”.

La plataforma Yoapoyoelcrowdfunding ha publicado, por su parte, una petición dirigida al Congreso de los diputados en la que especifica qué aspectos debería regular esa legislación. Un incremento de las deducciones, flexibilización de la “declaración de utilidad pública”, reducción del IVA para proyectos culturales, sociales, educativos, científicos, deportivos o de I+D; posibilidad de la realización de microinversiones, desgravación fiscal a las pequeñas aportaciones, son algunos de los puntos incluidos en la petición.

En Europa hay ya un país que se cita como ejemplo en este ámbito: Italia. Han sido los primeros del mundo en “adoptar un conjunto de normas sobre este tema” y está incluso regulado “el crowdfunding basado en equity”, explican desde Osborne Clarke. Fuera del continente, Estados Unidos parece ser el modelo que habría que seguir, especialmente tras la aporbación de la ley JOBS (Jumpstart Our Business Startups Act), que “permite la inversión en startups y pequeñas empresas dando lugar a una gran diversidad de fondos financieros”.

¿Cuál es el futuro? Si el crowdfunding continúa creciendo y popularizándose con el mismo ritmo que hasta ahora, está claro que en algún momento tendrá que ser recogido en las leyes actuales de forma específica. La gran incógnita es cuándo ocurrirá esto y si se tratará de una legislación que responda a las peticiones y necesidades principales de usuarios y plataformas. Que pasar de la alegalidad a la legalidad no sea un paso atrás.