Críticas a la ley contra el ‘hacking’ tras la muerte de Swartz
Las protestas a raíz del suicidio de Aaron Swartz pueden proporcionar una oportunidad única para que los legisladores revisen los estatutos de una ley que ha sido ampliada progresivamente en las últimas dos décadas.
La polémica sobre los términos que contempla la ley estadounidense contra el fraude informático ha vuelto a resurgir tras los acontecimientos que han desencadenado la desaparición del joven activista de Internet Aaron Swartz.
Swartz podría haberse enfrentado a la cárcel y a un millón de dólares de sanción por supuesta piratería al descargar millones de artículos académicos desde una base de datos privada a través de una red en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).
La “intimidación” judicial a la que se vio sometido el joven por parte de la fiscalía de EEUU ha sido apuntada por la familia como la causa de su suicidio.
El caso de Swartz estaba siendo investigado sobre las bases de la ley estadounidense CAFAA de 1984, que ha sido modificada tantas veces que algunas partes de la misma ya no tienen sentido, según los propios expertos legales. Las sanciones por faltas leves pueden superar las de los delitos más graves y los términos clave de la ley, escrita antes de la llegada de Internet como un fenómeno cultural, permanecen indefinidos.
“Las cosas han cambiado, se han hecho más complejas, pero la ley ha mantenido su forma original llevando a muchos equívocos”, ha declarado el profesor de Derecho Eric Goldam, de la Universidad de Santa Clara.
Sin embargo, la confusión no ha frenado a los fiscales, que han presentado 297 casos penales federales bajo la CFAA y las leyes relacionadas con el fraude informático desde 2010 hasta 2012, aproximadamente el mismo número que en los tres años anteriores, de acuerdo con las informaciones de Reuters.
Desde la oficina que instruía el caso de Swartz no se han querido hacer declaraciones. Su juicio tenía previsto comenzar en unos meses.
Aaron Swartz había sido investigado en 2008 por descargar casi 20 millones de páginas de una base de datos de los registros de la corte, llamado PACER y administrado por el gobierno. Tras el incidente del MIT, en 2011 se encontró con graves problemas frente a la justicia.
