Los ataques pusieron en evidencia la falta de seguridad en los sistemas informáticos de los estados miembro de la UE, que ahora buscan culpables.
Los estados miembro de la mano de la Europol están llevando a cabo una investigación que tiene como fin encontrar a los autores del robo de permisos de emisión de CO2 que se valoran en 30 millones de euros.
La falta de seguridad en el sistema de comercio de emisiones europeo ha abierto un debate a cerca de las medidas de seguridad a tomar al respecto. “La comisión ha actuado de inmediato. Tenemos indicios de que en algunos estados miembros las empresas dieron contraseñas a extraños”, asegura Jos Delbeke, director general del clima en la Comisión Europea en una entrevista a Bloomberg.
La UE estima que algunos estados miembro del bloque no tienen suficientes medidas de seguridad con respecto a las emisiones de CO2. Los requisitos de seguridad establecidos por la UE son confidenciales y se desconocen.
La teoría que más fuerza está adquiriendo es la de que tras el ataque se esconde una acción de crimen organizado que ya hace unas semanas se creía “coordinado”.
Sea como fuere, Delbeke asegura que después de sucesos como este se tomarán medidas de seguridad mucho más férreas que eviten actuaciones similares. “Tendremos un sistema mucho más fuerte, con una infraestructura mucho más fuerte”, asegura.
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