Las compras online deberán incluir el precio final
El proyecto de Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado hoy, ampliará a 14 días el plazo de devolución y evitará las cargas encubiertas.
El proyecto de modificación de la Ley General para la Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, establece una serie de cambios para mejorar la protección de los consumidores en las compras a distancia. Entre otras medidas, afecta al precio final y al plazo para devolver las compras.
El proyecto de Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios obliga a que el precio final aparezca en las compras online para que el consumidor tenga que aceptarlo antes de que concluya la transacción. De este modo, se evitarán las cargas encubiertas.
Además, establece que en los contratos telefónicos, el consumidor y usuario sólo quedará vinculado una vez que haya firmado la oferta o enviado su acuerdo por escrito en papel o por fax, correo electrónico o SMS. En el caso de que el empresario habilite una línea telefónica para comunicarse con sus clientes en relación al contrato, el uso de esta línea no podrá suponer un coste superior al de la tarifa telefónica básica; es decir, la medida supondría el fin de los números 902 para este uso.
Otra de las novedades es la ampliación del plazo de las devoluciones, de los 7 días actuales a 14. También se amplía el plazo legal para que el consumidor pueda desistir del contrato a un mínimo de 14 días naturales, informa El Economista.
Finalmente, el proyecto completa la información que habrá que facilitar por ley a los consumidores y se les dota de nuevos derechos en cuanto a los plazos de entrega y al riesgo de pérdida o deterioro del bien adquirido.
La ministra de Sanidad, Ana Mato, declaró que con la nueva normativa, “los españoles podrán llevar a cabo operaciones de comercio electrónico, suscribir contratos a distancia y fuera del establecimiento de empresarios con mayor confianza y garantías“. El cambio será también positivo para los empresarios, que “podrán incrementar su actividad, ya que una mayor garantía de los derechos de los consumidores impulsará el uso de las nuevas tecnologías como un medio seguro para bienes y servicios”.
