La CE llevará a Irlanda ante la justicia por no reclamar 13.000 millones de euros a Apple
La Comisión remite al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el caso, en el que obliga a país y compañía a ponerse al día con las obligaciones fiscales.
El pasado año la Comisión Europea se ponía manos a la obra para terminar con la situación de excepcionalidad de la que Apple se llevaba beneficiando en temas financieros en Irlanda desde hacía casi dos décadas. Gracias a los bajos impuestos que se le imponía a la compañía de Cupertino en este país lograban ahorrarse una enorme cantidad de dinero en obligaciones fiscales, con ejercicios como el de 2003 en el que apenas tributaron el 1% de sus beneficios.
Pero en agosto de 2016 la CE paraba los pies a ambos, país y empresa. La Comisión Europea decretaba entonces que Irlanda debía reclamar 13.000 millones de euros a Apple por las ventajas fiscales de las que había disfrutado a lo largo de los anteriores años. Tanto la compañía como el gobierno irlandés protestaban por la medida.
En todo el tiempo pasado desde la decisión de la CE, las instituciones fiscales del país no han recaudado la cantidad necesaria. Esta es la razón por la que la Comisión Europea decide ahora enviar a Irlanda ante la justicia europea. Así lo han oficializado este mismo miércoles.
En un comunicado firmado por la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, se explica que la Unión Europea da a sus estados miembros cuatro meses para que cumplan con sus mandatos desde la fecha en que se emiten.
En el caso de Irlanda y Apple, explica Vestager, este mandato se remonta a hace más de un año, sin que desde entonces Irlanda haya recuperado ni siquiera parte de los 13.000 millones de euros que se le reclamaba a la empresa de Cupertino en concepto de tributos no cobrados. De ahí que hayan tomado la decisión de enviar a Irlanda ante el Tribunal de Justicia de la UE, al fallar en implementar la decisión de la CE.
Vestager encuadra esta decisión, así como la de multar a Amazon, en un esfuerzo global para que las compañías puedan competir de forma justa, sin que sea a costa del contribuyente europeo.
