Con la ley actual los abonados a servicios móviles en Colombia pueden financiar sus teléfonos a cambio de aceptar la firma de un contrato de permanencia de 12 o 24 meses.
Desde la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil), que está formada por Movistar, Claro y Tigo, los tres principales operadoras del país, han rechazado la propuesta, ya que consideran que derivará en un “aumento cercano al 48 por ciento en el precio de los smartphones de gama alta” y no ayudará a la llegada de dispositivos con las últimas novedades tecnológicas.
En ese sentido, en Asomovil avisan de que si sale adelante esa ley las empresas ya no podrán ofrecer los teléfonos con precios rebajados, ya que tendrán que cobrarlos en efectivo y al precio del mercado.
Asimismo, han defendido que Colombia debe seguir confiando en los modelos de permanencia vigentes en muchos países europeos, donde se firman contratos de hasta un máximo de 24 meses que pueden rescindir los usuarios que paguen una penalización.
En cambio, para el precursor del proyecto de Ley, el diputado colombiano David Barguil del Partido Conservador, hay páginas web y almacenes especializados donde se pueden comprar smartphones un 30 por ciento más baratos que los que ofrecen los operadores.
Además, el político ha desvelado que con su propuesta las empresas de telefonía móvil seguirán pudiendo financiar los teléfonos de sus clientes, solo que tendrán que ofrecerlos sin clausula de permanencia mínima.
Por otra parte, también está en marcha otra iniciativa similar a la de Barguil, en este caso de parte del senador Eugenio Prieto del Partido Liberal Colombiano, y se espera que ambas iniciativas se fusionen y sean aprobadas en la próxima legislatura que comenzará el próximo 20 de julio.
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