La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) ha publicado una circular en la que se recogen las condiciones que permitirán a las administraciones públicas ofrecer servicios de telecomunicaciones, acabando con los problemas generados por el choque de intereses entre los operadores de telefonía y los ayuntamientos.
En primer lugar, las administraciones públicas que quieran ofrecer estos servicios deben inscribirse, de forma gratuita, en el registro de la CMT. Esto no será necesario únicamente en caso de autoprestación (la red creada para dar respuesta a las necesidades de sus empleados) y cuando se ofrezca acceso a la red en bibliotecas.
Por otra parte, tendrán que actuar con el principio de inversor privado cuando exploten redes públicas o ofrezcan servicios. Es decir, deben contar con un plan de negocio “sólido”, el flujo de caja necesario para cubrir el período de explotación o las pautas para conseguir financiación. Si no hay principio de inversor privado, deben, de todos modos, notificar el proyecto a la CMT que decidirá o no si establecer condiciones.
En tercer lugar, cualquier ayuda pública otorgada o conseguida para estas redes tendrá que ser notificada a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones y necesitará además un informe de la Comisión sobre el impacto que tendrá en la libre competencia.
Finalmente, y esto es lo más sangrante, la CMT limita que pueden ofrecer las operadoras municipales de forma gratuita. Únicamente un acceso ilimitado a las webs públicas y conexión a 256 Kbps a la red siempre que “excluya los edificios y conjuntos de edificios de uso residencial o mixto”:
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