El fundador de Alibaba, tras retirarse de la dirección del gigante chino del comercio electrónico, no está teniendo mucha suerte en su andadura por las cortapisas que le coloca en sus proyectos el propio gobierno del país. El último obstáculo tiene que ver con la respuesta a las declaraciones de Ma acerca de las regulaciones de dicho país sobre las finanzas, área en la que opera su empresa Ant Group.
La fintech Ant Group, propiedad de Jack Ma, ha recibido la orden del regulador del país, el Banco Popular de China, de limitarse a su actividad inicial de gestión de pagos electrónicos. El criterio del banco es que la actividad de la fintech de Ma supone un riesgo para las regulaciones y legislación financiera de China.
Esto deja fuera de la actividad que podrá seguir realizando Ant Group operaciones como conceder créditos, conceder pólizas de seguro y gestionar el patrimonio de los clientes. Ma no parecería haberse resignado a esta situación y habría encargado a un grupo de colaboradores buscar una solución negociada con el gobierno chino que permitiera que su fintech no tuviera que renunciar a esos sustanciosos campos de negocio.
Para lograr este acuerdo habría propuesto una revisión del sistema de trabajo de Ant Group. Se trataría de reforzar la protección de los derechos del consumidor, la mejora de su operativa comercial y el robustecimiento del sentido de responsabilidad social de la empresa. De esta manera se pretende que el regulador chino deje de ver inconvenientes en el funcionamiento de la fintech y permita que continúe funcionando en sus actuales áreas de negocio.
La realidad parece ser que las razones para esta restricción a la actividad de Ant Group tienen más relación con las críticas efectuadas por Jack Ma a las restricciones financieras globales y al complejo y obstaculizador funcionamiento de la burocracia del país, que complica la actividad económica multinacional.
Lo cierto es que recientemente Ma criticó igualmente las regulaciones financieras de los Acuerdos de Basilea al tiempo que afirmaba que el sistema bancario chino no era lo suficientemente sólido como para afrontar un de los problemas de fondo actuales: el sorpasso a los bancos tradicionales por parte de las fintech.
La ofensiva desde el gobierno chino no se dirige únicamente contra Jack Ma tras estas controvertidas declaraciones. Si en un primer momento los reguladores del país paralizaron una salida al mercado de la fintech con elevadísimas expectativas a continuación se ha abierto una investigación que tiene como objetivo a Alibaba, acusada de presuntas prácticas monopolísticas, lo que hizo que la cotización de las acciones del gigante chino del comercio electrónico cayese un 15 %.
En cuanto al bloqueo de la salida al mercado de Ant Group, se esperaba de esa oferta pública de títulos obtener alrededor de 270.000 millones de euros, pero las autoridades chinas han aducido que la fintech no cumplía con todas los requerimientos obligatorios para completar la operación.
La situación parece responder a una estrategia del gobierno chino dirigida a impedir que suceda en el país lo que en otros estados occidentales es bien conocido, especialmente en Estados Unidos y Unión Europea, especialmente en sectores con un crecimiento exponencial en las últimas décadas. Se trataría de impedir que, aupados por el ingente volumen de negocio acumulado, las grandes empresas tecnológicas alcanzasen un poder de tales proporciones que llegase no ya a hacer sombra pero sí al menos a plantar cara al gobierno chino.
Se buscaría que las proporciones y el poder de las empresas que llevan años surgiendo y desarrollándose en China se mantuviesen en tamaños susceptibles de ser dominados y seguir sometidos al férreo dominio gubernamental, pero por otro lado hay otras razones de índole tanto política como económica. A partir de determinado tamaño, una empresa puede adentrarse en la categoría denominada “too big to fail”: demasiado grande para dejarla caer.
Una crisis en una de estas empresas puede obligar al gobierno a comprometer recursos para evitar que se desmorone, pues ello dañaría gravemente a la economía nacional.
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