China ya había endurecido su política de control sobre las compañías de internet, con la publicación el pasado mes del borrador de una nueva ley de ciberseguridad en el que se obliga a las empresas a almacenar datos sobre los usuarios, y a compartir aquella información con el gobierno, exigiendo que censuren la información que el Gobierno les solicite, bajo amenaza de multas que podrían llegar a los 500.000 yuanes, unos 80.525 dólares, o al cierre de sus servicios.
Así que con la implantación de esta nueva “ciber-policía”, el Gobierno chino se garantizará el control de dos poderosas plataformas con ramas de negocio que van desde la venta online a la mensajería instantánea privada. Hablamos de Tecent, que dispone del servicio QQ, el más popular de los servicios de mensajería instantánea de China, o también de la exitosa red social WeChat. Por otro lado Alibaba, es propietaria de la mayor plataforma de venta online, con marcas subsidiarias como Aliexpress, Tabao o Tsmall, Youku Tudou o Alipay.
Algunas organizaciones ya han puesto el grito en el cielo, concretamente Sophie Richardson, directora del observatorio de Derechos Humanos en China, que ha criticado el proyecto de ley señalando que su implementación “sólo aumentará las restricciones a la libertad de expresión”.
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