La ministra de Cultura chilena tuvo que reconocer este acuerdo, antes negado, producido a la carta para complacer a la sociedad, que “ve reforzada derechos de autor vetustos y añejos en detrimento de los derechos del público”.
Esta ley va más allá de las normas españolas sobre el canon y pretende cobrar a las operadoras una cantidad por cada conexión a Internet servida. Un coste que se verá reflejado inexorablemente en el precio de los servicios a la Red.
Otras perlas de la norma prohíbe fotocopiar textos adquiridos legalmente para usos en colegios y universidades y se fuerza a la irrenunciabilidad de los derechos morales sobre las obras, por lo que la SCD seguiría gestionando y cobrando por los derechos, aunque el autor renunciara o liberara los mismos.
Liberación Digital, invitada a participar en la mesa de expertos organizada por el Gobierno para buscar consensos respecto al proyecto de propiedad intelectual, ha abandonado la misma para no formar parte de esa farsa, indicando que “ya no saben quién gobierna el ministerio de cultura, si su actual titular Paulina Urrutia, o el director general de la SCD, Santiago Shuster”, el que dicen es el verdadero artífice de este acuerdo, “a medida de la sociedad de autores y en contra de los ciudadanos chilenos”.
vINQulos
Liberación Digital, gracias a nuestro lector “mk360”.
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