La Comisión Europea advierte al gobierno español que lo llevará a los tribunales si no garantiza una aplicación correcta de la legislación para designar a los operadores de telecomunicaciones.
Al parecer, las compensaciones del Estado al operador deberán hacerse “a petición” del mismo, lo que requiere un cambio en la legislación nacional. La CE da un ultimátum a España, que deberá responder a los cambios exigidos en un plazo de dos meses, según recoge Europa Press.
A pesar de que las autoridades españolas reconocieron el pasado mes de enro “su disposición para encontrar una solución” a la petición europea, España “no ha remediado la situación desde que se envió la carta de emplazamiento”, recoge el dictamen enviado al gobierno.
La Comisión Europea podría llevar a España ante el Tribunal de Justicia y ha decidido archivar otros procedimientos contra países como Letonia o Finlandia, según informa Finanzas.com.
Ambos países han respondido de forma satifsactoria a las peticiones del gobierno europeo, según la CE.
Carencia española
El problema del sistema de telecomunicaciones español reside en que se juntan dos paquetes a la hora de asignarnos a un operador: los servicios de telefonía fija doméstica y pública y los directorios de telefonía e información por teléfono.
Aunque algunos operadores han solicitado realizar alguno de los dos, en España se realiza de forma conjunta, lo que según la Comisión obstaculiza el tramado nacional de telecomunicaciones.
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