La Unión Europea quiere reforzar la responsabilidad de las grandes empresas tecnológica a la hora de retirar lo antes posible contenidos online considerados inapropiados o ilegales. En concreto se busca la adopción de medidas asimétricas por la que habrá una mayor exigencia a los grandes servicios online tecnológicos en cuanto a la vigilancia de los contenidos, así como en la mayor exigencia de controles en estos servicios transfronterizos.
El contexto para estas exigencias se produce mientras la atención se dirige a empresas como Facebook y Google, hegemonías tecnológicas que dejan poco resquicio a posibles rivales europeos en servicios digitales.
Las medidas asimétricas propugnadas desde la UE se refieren a unas obligaciones más estrictas para estas plataformas, con regímenes más claros de responsabilidad para los intermediarios online y una mayor supervisión por parte de las instituciones comunitarias.
El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, presta especial consideración al peso de estas grandes empresas, multinacionales estadounidenses que tienen su origen en un mercado y un marco regulatorio bien diferenciado del comunitario. Sin embargo, desde Silicon Valley, estas grandes empresas tecnológicas ven este desarrollo regulatorio como algo no agresivo.
El proyecto de marco regulatorio no establece los detalles de la escala dinámica de responsabilidades ni cómo se determinará qué plataformas deberán cumplir con reglas más o menos estrictas, pero el regulador comunitario se encuentra en la fase de determinación de los criterios de control. Esto incluye definir apartados tales como los países de la UE donde operan, los ingresos o el número de usuarios.
El regulador comunitario advierte que los ciudadanos europeos están expuestos a un número creciente de riesgos online, pero especialmente en su relación con “plataformas de gran tamaño” (como las citadas Facebook o Google) debido a su capacidad para llegar a miles de millones de usuarios. También advierte que la fragmentación legislativa al respecto en cada estado miembro impide el buen funcionamiento del mercado único comunitario, lo que al final redunda en una ventaja competitiva para estos grandes operadores tecnológicos.
La publicación del proyecto de ley al respecto se ha retrasado en dos ocasiones, teniendo ahora como fecha prevista el 15 de diciembre, aunque algunos funcionarios comunitarios advierten que el calendario podría retrasarse hasta 2021.
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