Malware y software pirata van de la mano
El uso de software legal por parte de las empresas se ha desvelado como uno de los métodos más eficaces para la erradicar futuros problemas de seguridad causados por malware, según datos del último estudio realizado por BSA The Software Alliance en colaboración con IDC a nivel mundial sobre el uso del software en 2015.
En el mencionado informe se refleja que el índice de software sin licencia instalado en equipos informáticos de todo el mundo sigue siendo elevado, el 39%, pese a que se lograse reducir cuatro puntos entre 2013 y 2015. Sin embargo, de los datos del informe se desprende claramente que el uso legal de tecnología tiene, además de un impacto positivo en la creación de riqueza y empleo en el sector tecnológico, la adquisición de una especie de vacuna que previene el contagio de virus informáticos.
Respecto a España, si bien se aprecia que las medidas adoptadas tanto legislativas, como institucionales y operativas puestas en marcha tras la reforma del Código Penal en julio de 2015 comienzan a dar resultados, aún es necesario perseverar en este mensaje tanto en el universo de las empresas como el de los particulares.
En nuestro país, el software sin licencia instalado en PCs muestra un cambio de tendencia y comienza a descender, después de varios años de incrementos, en los que pasó del 42% en 2009 al 45% en 2013. BSA confirma este cambio de tendencia en 2015 e informa de un descenso de un punto porcentual con respecto a hace dos años, lo que deja el índice de presencia de software no licenciado en el 44%, aun así seis puntos por encima de la media mundial.
La necesidad de incrementar la seguridad de los datos por parte de las empresas es básico para explicar este cambio de tendencia. De hecho, los CIOs encuestados para la realización del informe admiten que la principal razón para asegurarse de que sus empresas solo instalen software licenciado es evitar las amenazas para la seguridad asociadas con el software ilegal, especialmente las que tienen que ver con las pérdidas de datos. Poco a poco va calando el mensaje y crece a concienciación.
A medida que los responsables de negocio tienen más claro que la gasolina del siglo XXI son los propios datos, y las implicaciones negativas que de cara a la imagen y confianza de la marca se pueda trasladar al mercado por alguna fuga de los mismos, la concienciación por el uso de aplicaciones legales aumenta, no sólo en las áreas críticas de producción y administración, sino en todas las periféricas también.
Alto consumo de contenidos piratas en Internet
En el ámbito del acceso a contenidos multimedia (cine, música, libros, series de TV, transmisiones deportivas…) a través de Internet, las cifras son más preocupantes, según un reciente informe elaborado por la consultora Gfk para el Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales, en el que se destaca que el 87,48% de los mismos consumidos el pasado año aún eran ilegales A pesar de todo, este porcentaje de los contenidos piratas consumidos ha experimentado un leve descenso en 2015 desde el 87,9% en 2014, apenas medio punto.
Como objeto de especial preocupación, el informe señala que la compra legal de contenidos ha bajado por tercer año consecutivo. Este estudio ha sido presentado por la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos y la Liga de Fútbol Profesional, quienes señalaron que el pasado año se accedió ilegalmente a 4.307 millones de contenidos digitales, con un valor de mercado de 24.085 millones de euros, por lo que el coste del lucro cesante por la piratería fue de 1.669 millones de euros.
La repercusión de la piratería en el empleo aporta cifras aún más preocupantes para los creadores y las industrias culturales y de contenidos. En un sector que emplea actualmente a 58.557 trabajadores directos, un escenario sin piratería permitiría crear 21.672 nuevos puestos de trabajo directos, lo que supondría un incremento del 37%, a los que cabría añadir unos 100.000 empleos indirectos.
Hay que destacar que todos los datos que se manejan son estimativos y difícilmente contrastables, ya que el Tribunal Supremo ha declarado que la IP de un usuario es un dato personal conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, lo que imposibilita saber cuál es el número de descargas ilegales ni tampoco distinguir las ilegales de las legales, ya que las operadoras de telecomunicaciones no pueden facilitar esa información, y no son cifras que ofrezcan precisamente las webs infractoras.
Tendencia esperanzadora pese a todo
El estudio también incluye, no obstante, otros datos que sí son objetivos y cuantificables: los referentes a la evolución de los mercados de contenidos protegidos por derechos de autor desde 2001 hasta 2015. En todos los casos la tendencia entre 2001 y 2011 describe un descenso pronunciado del volumen de dicho mercado, si bien a partir de 2012 se alcanza un punto de inflexión en el que este descenso se detiene, e incluso la tendencia se revierte ligeramente al alza.
Además, hay motivos para observar una tendencia claramente esperanzadora acerca de la concienciación con el acceso legal a contenidos con derechos de autor. Otras cifras objetivas, como son el número de visitas que reciben las webs (índice Alexa), indican que antes de la entrada en funcionamiento de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) en marzo de 2012, entre las 250 webs más visitadas en España había casi 30 dedicadas a alojar contenidos ilegales o a proveer enlaces a dichos contenidos ilegales. A 17 de marzo de 2016 sólo hay 12 en ese ranking, y están en posiciones más bajas en cuanto al número de visitas.
Este cambio de tendencia coincide con la entrada en vigor las reformas legales introducidas por el Gobierno para combatir la piratería en Internet y facilitar la oferta legal. La Secretaría de Estado de Cultura está colaborando con las industrias culturales en fomentar la creación, difusión y visibilización de la oferta legal de la cultura en Internet. También se ha mejorado la colaboración interministerial y con las entidades de gestión implicadas en la defensa de los derechos de autor, además de llevarse a cabo actuaciones que persiguen impulsar el fortalecimiento de la cooperación intergubernamental a nivel europeo y con otros países, como Estados Unidos, para combatir la piratería en Internet.
Mejor con ayuda profesional
La reforma del código penal en vigor desde el 1 de julio de 2015 prevé sanciones de hasta cuatro años de cárcel, multas de 288.000 euros, cierre de locales y el cese de actividad empresarial en los casos más extremos. En todo caso, la organización sin ánimo de lucro BSA The Software Alliance pone los medios necesarios si son voluntariamente solicitados (incluso de manera anónima) para realizar una auditoría de las aplicaciones instaladas en la empresa y, si fuera el caso, facilitar su legalización y hasta establecer modelos de control. El objetivo es asegurar al responsable TIC o directamente al empresario dueño del negocio que pueda trabajar con total tranquilidad y su empresa crezca con seguridad.
Y a la vez que crece el negocio de manera segura, el país también crece. Según un cálculo realizado por la escuela de negocios Insead, por cada punto que se lograse incrementar el uso de software legal se lograría una repercusión positiva en el PIB español de 1.500 millones de euros, como ha ocurrido en 2015. En una proyección ideal de reducir la tasa a cero en 10 años, el PIB crecería 66.000 millones de euros hasta 2025.
Por abundar en los datos, el informe Study Malware realizado con el asesoramiento de la consultora IDC constató la correlación entre el uso de software ilegal y la incidencia de casos de infección por malware. Estos problemas de seguridad pueden ir más allá de la falta de soporte técnico y que no se pueda abrir un archivo en Excel o se pierda el diseño de una pieza en 3D con AutoCAD, con la evidente merma de productividad: pueden suponer un caballo de troya para la fuga de información valiosa o crítica de la empresa, que ésta pase a manos de la competencia o que los ciberdelicuentes la secuestren a cambio de un rescate.
A estos riesgos económicos ciertos, se añade la imposibilidad de poder recibir subvenciones y ayudas públicas, concurrir a licitaciones en concursos públicos u optar a contratos que exijan unos estándares tecnológicos sectoriales o cumplimiento de la legalidad de los recursos empleados. A nadie en un proyecto colaborativo le gustaría que su trabajo se viera comprometido porque una de las partes incurre en serios riesgos de seguridad. Y según el Study Malware, el índice de correlación entre el uso de software ilegal y problemas es del 0,79 (donde 1 es la peor correlación posible y 0 la ausencia de riesgo).
Sin duda, solo el impacto positivo que tiene el uso de programas legales en la productividad de la empresa y en la tranquilidad de sus empleados compensa cualquier inversión, además de su repercusión en la innovación y progreso del sector tecnológico facilitando el desarrollo de nuevas versiones cada vez mejores.