Avanzar en la licitación electrónica, un objetivo prioritario en la próxima legislatura
Actualmente, las entidades locales atraviesan una difícil situación financiera que evidencia la necesidad urgente de llevar a la práctica un plan inmediato de austeridad que permita racionalizar el gasto público.
De lo contrario, afrontar los capítulos de inversión y gasto propios de los consistorios resultará muy complicado a corto plazo. Uno de los pilares para alcanzar este objetivo es, sin lugar a dudas, la modernización de la Administración. En este sentido es imprescindible centrar la atención en la mejora de los procesos de licitación pública, crucial si tenemos en cuenta que esta actividad representa aproximadamente el 17% del PIB.
Generalizar la licitación electrónica permitiría una reducción anual del gasto público superior a los 541 millones de euros para el conjunto de entidades locales, contribuyendo a sanear progresivamente las cuentas de los ayuntamientos, cuya capacidad de endeudamiento está restringida para asegurar el cumplimiento de sus objetivos de déficit, fijado en el 0,8% para este año, incluyendo el efecto de la liquidación negativa.
Sin ir más lejos, el mero hecho de comprar electrónicamente a través de plataformas de recursos compartidos permitiría recortar del orden de 2.167 millones de euros al conjunto de diputaciones y municipios españoles en los próximos cuatro años. Un dato nada despreciable si tenemos en cuenta que este ahorro equivale a más del 6% de los 34.595 millones de euros que representaba su deuda viva en 2009. Otros países de la Unión Europea como Inglaterra o Portugal ya están experimentando cómo la licitación electrónica permite conseguir importantes ahorros administrativos. Además, el aumento de la concurrencia está haciendo posible la recepción de ofertas más competitivas.
Aunque sería injusto negar el apoyo que las candidaturas municipales están confiriendo a la e-Administración en general y a la licitación electrónica en particular en sus programas electorales de cara a los comicios del próximo 22 de mayo, es preciso resaltar que el número de ayuntamientos que emplean estos avances tecnológicos para la gestión de las compras y servicios que sacan a concurso es meramente testimonial.
Para ser exactos, de los cerca de 8.100 ayuntamientos que se contabilizan en España, tan solo el 1% aplica a día de hoy la licitación electrónica. Una cifra que nos sitúa en el pelotón de cola de Europa en esta materia, especialmente cuando nos comparamos con países como Portugal, donde la contratación electrónica es obligatoria por ley en todos los municipios desde el año 2009, o con Francia, que ya ha extendido esta obligación a diversos tipos de compras.
Un dinamizador del tejido empresarial
No hay que pasar por alto que la generalización de la licitación electrónica en las entidades locales no sólo agilizará los trámites, reducirá la burocracia administrativa, optimizará las gestiones y, por ende, el gasto, sino que también contribuirá a aumentar la concurrencia y la transparencia en las adjudicaciones de los concursos, beneficiando significativamente al tejido empresarial.
En un momento en el que nueve de cada diez licitadores son precisamente autónomos o pymes, el uso de la licitación electrónica impulsará la dinamización de la actividad empresarial. Dicho sistema permite incrementar la difusión de la apertura de concursos, simplificar enormemente los trámites necesarios para presentar las ofertas y garantizar la seguridad de todo el proceso.
En definitiva, este nuevo modelo de contratación pública contribuirá al saneamiento de las arcas municipales y facilitará el aumento de la concurrencia a los concursos públicos, abriendo nuevas oportunidades de negocio para las pequeñas y medianas empresas. Sin duda, razones más que suficientes para impulsar la implantación de la licitación electrónica en los próximos cuatro años.
