Ya van varios meses en los que Barcelona está tratando de contener la situación en la ciudad respecto al alquiler vacacional de alojamientos. El gobierno de la ciudad ha aumentado las multas a portales como Airbnb y HomeAway de 60.000 a 600.000 euros, por cada anuncio de alojamiento ilegal en sus plataformas.
Pero junto con las inspecciones, la limitación a la emisión de licencias, y el endurecimiento de la normativa, Barcelona está pidiendo también la colaboración de los vecinos, y ha mandado cartas pidiendo que denuncien de forma anónima este tipo de alojamientos, para poder tomar medidas. A pesar de todas estas medidas, todavía existen multitud pisos turísticos ilegales en la ciudad, debido sobre todo a lo lucrativo de este negocio, mucho más rentable que el alquiler como vivienda habitual.
Varias asociaciones se quejan de que Airbnb no fomenta la economía colaborativa, sino la especulativa, y que este tipo de alojamientos está aumentando enormemente el coste de la vivienda y el alquiler en las zonas más turísticas de la ciudad, con un aumento del 33% en los últimos 3 años según un estudio propio del ayuntamiento. En él, se indican también que existen casi 16.000 apartamentos turísticos, casi el 8% de los pisos de alquiler, de los cuales más de 6.000 son ilegales.
De momento ya se ha llevado una acción por la que varios vecinos se han hecho pasar por turistas para denunciar luego al alojamiento, pero probablemente se produzcan muchas más a partir de ahora para tratar de frenar la expansión del alquiler turístico ilegal.
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