Así funciona el Anteproyecto de Ley de Protección de Informantes
La normativa, trasposición de la llamada “Directiva Whistleblowing”, quiere garantizar el anonimato y la falta de represalias para los que denuncien delitos e infracciones.
A principios de este mes, el Consejo de Ministros aprobó la propuesta del Ministerio de Justicia del anteproyecto de ley que traspone a la legislación la conocida como “Directiva Whistleblowing”, norma del Parlamento Europeo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
Aunque antes de su aprobación final y la publicación en el BOE, este anteproyecto debe ser sometido a tramitación parlamentaria. Luego, tardará aproximadamente 20 días en entrar en vigor; así que las empresas de más de 250 empleados contarán con un periodo de tres meses para implantar un canal de denuncias.
Tal y como explica GlobalSuite Solutions, estos serían algunos puntos clave para entender el anteproyecto:
La Ley protege a cualquier que informe sobre infracciones normativas, es decir, siempre que se notifique mediante el procedimiento de comunicación previstos en el anteproyecto. Además, protege tanto al sector privado como al público.
Debe garantizarse la confidencialidad, permitir la presentación de comunicaciones por escrito o verbalmente e integrar distintos canales internos de comunicación que hubiera en la empresa. Estos canales internos deberán permitir la presentación y tramitación de comunicaciones anónimas.
Esta ley permitirá que se compartan medios en el sector público pero todos ellos deberán contar con un libro de registro de las comunicaciones recibidas y de las investigaciones internas garantizando la confidencialidad. La encargada de sancionar por las infracciones será la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Y estas infracciones se dividirán en graves, muy graves y leves.
