Aprobada la “Ley de Descargas”… más de lo mismo

El consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que incluye las disposiciones adicionales con normativa antipiratería. Nueva redacción que la Coalición de Creadores ha considerado (por descontado) como ”un paso muy positivo” “que creará entre 15.000 y 30.000 puestos de trabajo”.

La nueva redacción establece un procedimiento inicial administrativo tras la denuncia de sitios web ante la Comisión de Propiedad Intelectual, que será la que decida sobre las infracciones de copyright, ordene la retirada de material, y en caso de que los estime oportuno solicite ante un juez el cierre de la página web.

Su señoría será un juez de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que deberá decretar el cierre cautelar en cuatro días. Este juez únicamente valorará que la medida restrictiva no daña o conculca la libertad de expresión o cualquier otro derecho fundamental, pero no entrará en el fondo de la cuestión sobre la actividad de la página, cuyas denuncias hasta ahora ha sido sobreseídas considerando que las web de intercambio de archivos no son un delito en España.

Todo este procedimiento necesitará modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 122 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa y será remitido al Consejo General del Poder Judicial, la Comisión Nacional de la Competencia, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Estado, que tendrán que emitir en las próximas semanas informes no vinculantes.

Posteriormente pasaría al Parlamento y entre tanto el Ministerio de Cultura redactará el Reglamento para la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual y se desarrollarán las medidas y el funcionamiento administrativo que las rodea.

Todo un engendro administrativo-judicial que ya está siendo criticado en Internet. La Asociación de Internautas califica de “atajo” la solución del gobierno y propone directamente la eliminación de la disposición de esta medida del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible y el desarrollo de una nueva regulación a través de una ley orgánica “en condiciones”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez-Subías, aseguró que se trata de una medida “innecesaria”, ya que entiende que es un “apaño” con una decisión del juez “meramente administrativa”.

Abogados especializados como Carlos Sánchez Almeida ha sido aún más duro, explicando que el procedimiento empleado por el gobierno dirigido a proteger derechos fundamentales como el de reunión o manifestación, en caso de prohibición administrativa. “Poner al mismo nivel de esos derechos la propiedad intelectual es un insulto a la inteligencia” dice Almeida, que recuerda que La Ley de Prensa franquista, declarada parcialmente inconstitucional, también permitía que los periodistas censurados recurriesen a la jurisdicción-administrativa. “Al parecer, esas son las fuentes del derecho en las que bebe el actual Gobierno”, dice, indicando que nos encontramos en un momento clave en el desarrollo de Internet en España: “lo que está en juego no son las descargas en Internet, sino la esencia misma de la democracia”.

Casi nada. Ya avanzábamos que esta ”autorización” judicial para cerrar webs es insuficiente para garantizar sus derechos y destacados activistas de la Red estiman que es ”puro maquillaje político”, más de lo mismo, que “la sustancia no cambia” y que la norma sigue siendo inconstitucional aunque “un poco menos”. Además, que esa “Comisión de Propiedad Intelectual” en teoría “independiente”, sea dependiente en la práctica de la SGAE, convertida en fiscal y juez sigue oliendo a cuerno quemado. Hoy hay una reunión importante de distintos colectivos para preparar una postura común contra esta normativa. La batalla continúa.