“La economía colaborativa debe ser regulada pensando en ciudadanos y no en intereses empresariales”
La Asociación Española de Startups critica la nueva ley que regula el sector turístico y las sanciones de la Comunidad de Madrid a apartamentos turísticos.
En 2014 el gobierno de Cataluña y Airbnb mantuvieron su particular batalla en relación a los apartamentos turísticos ‘ilegales’. En verano de ese año entró en vigor en España una nueva ley para regular el sector turístico que puso en jaque a la startup americana y a otras que operan dentro de la denominada ‘economía colaborativa’
La polémica se ha reavivado a principios de este mes enero, puesto que la Comunidad de Madrid ha abierto por vez primera expedientes sancionadores a medio centenar de apartamentos turísticos por incumplir dicha normativa. Se estima que en la región hay 8.000 de estos emplazamientos.
Desde la Asociación Española de Startups, abanderada de las empresas emergentes que están innovando en el sector del turismo y de la sharing economy, aseguran que la ley y las medidas legales iniciada “penalizan la innovación en el sector y no contribuyen a proteger a los ciudadanos”.
Uno de los puntos de la ley que está generando más debate es el requisito para los apartamentos turísticos de tener una estancia mínima de cinco noches. “Esta medida no protege sino que perjudica al consumidor, que habitualmente reserva este tipo de establecimiento para una media de 3 noches, y no ayuda a solucionar los eventuales problemas que pueden surgir con vecinos y conciudadanos”, señalan desde la patronal.
La asociación aboga por que se establezca una normativa a nivel comunitario y compara la actitud de la administración española con la británica, que están animando a los funcionarios a usar opciones de economía colaborativa en sus viajes de trabajo. Los particulares británicos pueden alquilar sus pisos, casas o habitaciones hasta 90 días al año sin permiso de las autoridades gracias a una nueva ley aprobada por el Parlamento en marzo de 2015.
Por último, la Asociación Española de Startups asegura que “la economía colaborativa debe ser regulada pensando en ciudadanos y no en intereses empresariales” y sobre todo, sin hacerse de manera acelerada, “como respuesta a las presiones de un sector concreto”.
