La primera subasta de radiofrecuencia para 5G podría quedar suspendida de forma cautelar si se aprueba la petición que ha presentado la AOTEC ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La AOTEC es la Asociación Nacional de Operadores Locales de Telecomunicaciones, que ha decidido denunciar la subasta para que se supriman aquellos apartados que perjudican el acceso de competidores. Esto es, “los apartados 4.1 y 4.2 de la cláusula 8 del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas por el que se convoca la puja”.
Según explican los operadores locales, “los artículos que establecen barreras a la entrada a la subasta de la banda de frecuencias 3,6-3,8 GHz, tanto de tipo técnico como económico, infringen la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y la Ley General de Telecomunicaciones”.
Por un lado, se pone como requisito tener al menos 90 millones de euros de volumen de negocio en alguno de los tres últimos años. Por otra parte, se requiere haber realizado una prestación de servicios o invertido más de 42 millones en materia de comunicaciones electrónicas y redes del mismo tipo o similares.
Lo que se exige va en contra del principio de no discriminación y del principio de fomento de competencia, según la AOTEC, que explica que se está perjudicando a quienes están interesados en 5G pero no son grandes empresas. Sus responsables también opinan que los requisitos “no están motivados ni son proporcionados”. Para ellos, el requisito de solvencia técnica se enfrenta a la cuestión de la proporcionalidad y, el económico, no es justificable.
“Puesto que la tecnología es nueva e incluso está por definir en algunos aspectos”, argumentan, “la experiencia previa por parte de los operadores es escasa o nula”. Mientras, “el hecho de que un operador pague por un recurso es el mayor garante de que busque la mayor eficiencia y eficacia tecnológica en su aplicación”, aseguran.
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