El siglo XXI será el siglo de las ciudades. Así arranca el informe sobre Ciudades Inteligentes que se ha presentado hoy en Madrid de la mano de AMETIC.
El objetivo del texto es principalmente el de contextualizar y arrojar más luz si cabe al manido tema de las smartcities. Se define el concepto, se analizan sus componentes, se valoran las oportunidades de crecimiento y posibilidades de financiación.
Es una labor vital, han defendido los representantes de la Administración Pública e industria TIC. “Primero hay que caracterizar la ciudad y luego decidir qué smartcity queremos”, ha recomendado el secretario del Estado de las Comunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo.
Lo presentado es, en definitiva, un libro de estilo para la transformación de las ciudades. Una guía para hacer frente al reto de dotar de inteligencia a las grandes urbes que, en los próximos años se situarán en el centro de la actividad social y económica.
Será un recorrido a largo plazo, admite el presidente de la Patronal AMETIC, José Manuel de Riva, aunque cree que las bases están sentadas. “En España ya tenemos los mimbres y la capacidad” para llevarlo a cabo, ha defendido.
Hay aún muchos retos por delante. De la Riva ha aludido a la necesidad de compromiso entre las Administraciones Públicas e Industria, un punto de vista con el que ha coincidido también Calvo-Sotelo.
Las TIC como elemento vertebral
No puede entenderse una ciudad inteligente sin las TIC. Las oportunidades que su integración ofrece además son infinitas; en términos económicos –por el ahorro a medio y largo plazo-, de confianza –aportan transparencia a los procesos- y de sostenibilidad.
“Si hacemos los deberes en 2017 la industria de contenidos digitales generará 300.000 puestos de trabajo”, ha recordado Afoldo Barrero, presidente de Smartcities en AMETIC.
Conjugar tecnologías como Big Data, Movilidad y Cloud en favor de la construcción de una ciudad inteligente y con ello, de cientos de miles de puestos de trabajo, exige un papel muy activo por parte de los poderes públicos.
Entre otras cosas deberán garantizar la prestación de servicios públicos de calidad (desde infraestructuras hasta iniciativas de ocio y cultura) y fomentar políticas que apoyen a emprendedores y con ello, a la innovación.
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